Artículo escrito por Beatriz Salazar  (CEPES)  para La Revista Agraria

El presidente Ollanta Humala anunció en la Conferencia Río+20 una serie de medidas orientadas a «integrar el uso del territorio y los recursos naturales en un marco general de sostenibilidad». Entre las medidas anunciadas están el fortalecimiento del Ministerio del Ambiente (Minam), la mejora de las reglas que aseguren la gobernabilidad ambiental y los estándares de calidad ambientales, el desarrollo de las capacidades para la gestión ambiental, una «nueva relación» con las actividades extractivas, y asegurar los medios financieros necesarios para cumplir estos objetivos (1). Pero ¿qué se está haciendo para concretar estos anuncios? Transcurrido un mes, el principal avance ha sido la instalación de una comisión multisectorial (2) que, en un plazo de 30 días, deberá: presentar, al gabinete ministerial, propuestas para fortalecer el Sistema Nacional de Gestion Ambiental y su órgano rector, el Minam; actualizar las políticas y regulaciones ambientales sectoriales; fortalecer las capacidades fiscalizadoras y sancionadoras de los organismos adscritos, y mejorar el Sistema Nacional de Información Ambiental, entre otros fines.

Estos anuncios y la prontitud con que se instaló la Comisión dan la impresión de que existiría en el Ejecutivo la voluntad política de fortalecer al Minam para que cumpla «un papel mucho más potente del que tiene ahora», en palabras de Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Minam, revirtiendo así la posición relegada que ha tenido este ministerio —desde su creación— en términos de competencias y presupuesto.

Por ejemplo, ahora se plantearía que los estudios de impacto ambiental (EIA) de proyectos de categoría III —es decir, aquellos que pueden producir impactos ambientales negativos, cuantitativa o cualitativamente significativos— sean evaluados por el Minam y que esta sea la entidad que otorgue la licencia ambiental.

Los ministerios sectoriales —que son los mismos que promueven la inversión— ya no serían los que entreguen estos permisos. También se propone fortalecer al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de forma que cuente con una fuente de ingreso que no dependa de lo que se negocie con el Ministerio de Economía, como sucede actualmente. El Minam evalua un mecanismo de financiamiento similar al de los organismos reguladores, con una tasa pagada por las mismas empresas fiscalizadas(3).

Estos cambios implican pasar de una gestión ambiental sectorial, donde en cada sector prevalece la política ambiental del ministerio correspondiente, a una gestión intersectorial. Ernesto Ráez, asesor del Minam, explica que este es un desafío muy grande, pues las culturas sectoriales, especialmente en los sectores productivos, son muy cerradas y reacias al cambio, y esta actitud no solo se observa en el Estado, sino también en los actores privados que son regulados. Sin embargo, aclara que el Minam no busca gestionar cada aspecto ambiental en el Perú, sino ser la institución rectora en esta materia.

También se requiere llegar a acuerdos entre poderes del Estado, para la aplicación de principios como el de precaución, o el de «quien contamina paga», que garanticen que los derechos ambientales de los ciudadanos estén protegidos, aun cuando haya procesos abiertos en el ámbito judicial. Otro tema importante que será abordado por la comisión multisectorial será el ordenamiento territorial (OT). En este caso, el rol de Minam consiste en ser el ente rector y orientador, pero el OT en sí mismo debería ser llevado a cabo por los gobiernos regionales en coordinación con otras instancias como los gobiernos locales. Cabe mencionar que la falta de una Ley de Ordenamiento Territorial está obstaculizando este proceso.

Todas las propuestas mencionadas constituirían un avance respecto a la situación actual de la gobernabilidad ambiental en el país; sin embargo, nos preguntamos si el gobierno tendrá la fortaleza para enfrentar los intereses de grandes inversionistas que priorizan la rentabilidad de sus proyectos por sobre las consideraciones ambientales o sociales. Las presiones de los grupos de poder, tanto en el ámbito nacional como internacional, serán una prueba para el gobierno, sobre todo considerando que el Estado peruano ha firmado una serie de acuerdos internacionales que otorgan a las transnacionales el derecho a reclamar millonarias indemnizaciones si alguna medida local, regional o nacional afecta su «expectativa de ganancia», lo cual, como señala Alejandra Alayza —de RedGE—, limita el desarrollo de políticas públicas, incluyendo las que buscan mejorar la gobernabilidad ambiental (4).

Notas

1 Discurso de Ollanta Humala en Río +20, en <http://youtu.be/Ls1dBZQr8cw>.

2 Resolución 189-2012-PCM, en <http://sinia.minam.gob.pe/admDocumento.php?ac cion=bajar&docadjunto=2912>.

3 «Minam sería el único en aprobar EIA de los grandes proyectos», Gestión, 4 de julio de 2012, en <http://www.spda.org.pe/_data/archivos/20120704180937_3.pdf>; «Nuevas condiciones para las actividades extractivas», El Comercio, 3 de julio de 2012, en <http://www.spda.org.pe/_data/archivos/20120703154607_7.pdf>.

4 Alayza, Alejandra (2012). Política de atracción de inversiones y alternativas al extractivismo. RedGE, en <http://www.redge.org.pe/sites/default/files/201206%20ALAYZA%20Politica Inversion%20Extractivismo.pdf>.