Los precios de los alimentos y las responsabilidades del gobierno
Artículo escrito por Fernando Eguren, presidente de CEPES (14 de agosto 2012)
La información es alarmante: los campos maiceros de los Estados Unidos, principal productor y exportador de este cereal en el mundo, están sufriendo la peor sequía en más de medio siglo (y la FAO le pide que utilice más maíz para alimentación humana y menos para la producción de etanol), el agro europeo está sometido a altas temperaturas y se retrasan las lluvias en la India, afectando la producción. En el Perú, la prensa local informa que en los mercados de Lima ya subieron los precios del arroz, la soya, la leche evaporada. (1)
Recordemos lo que ha sucedido en la última década. Después de muchos años de estancamiento de los precios de los alimentos, estos aumentaron a niveles récord en 2007-2008. Según la FAO, el número de personas desnutridas en el mundo pasó de alrededor de 800 millones de personas a más de mil millones. Gobiernos, organismos internacionales e instituciones de investigación, alarmados, analizaron las causas e hicieron simulaciones que permitiesen ver posibles comportamientos de la disponibilidad de alimentos en el futuro. Las proyecciones hacia el 2050 son muy preocupantes: para ese año se estima que se requerirá producir un 70% más de alimentos que hoy.
Sobre las causas de la elevación de los precios se mencionaron tanto problemas en la oferta como en la demanda: en la oferta, problemas climáticos que afectaron la producción en algunos países que son grandes productores de alimentos, y la competencia creciente por el uso del suelo entre la producción de biocombustibles y la de alimentos; en la demanda, un incremento debido tanto al crecimiento demográfico como al cambio de patrones de consumo de alimentos de centenares de millones de pobladores, sobre todo en los grandes países asiáticos.
Este fenómeno desencadenó otro: la compra de millones de hectáreas de tierras de cultivo por gobiernos y corporaciones a otros países, algunos de los cuales son muy pobres. Las razones fueron varias: la amenaza futura de una inseguridad alimentaria por las razones ya mencionadas; la ampliación de nuevas áreas de cultivos para agrocombustibles, debido al crecimiento de una demanda protegida y subsidiada por los gobiernos; la inversión especulativa en tierras ante un panorama financiero internacional incierto.
Debido a la creciente interdependencia de las economías nacionales de los procesos internacionales, la elevación de los precios se transmitió a todo el globo, perjudicando sobre todo a las poblaciones de menores ingresos. En el Perú se hicieron muy pocos estudios sobre el impacto que tuvo esta elevación en la población. Uno de ellos halló que, como resultado de la subida de precios, el porcentaje de la población con déficit calórico se incrementó del 27,2% en el año 2006 al 31,6% en el 2008, afectando sobre todo a los dos quintiles más pobre. (2) El gobierno no realizó ningún estudio, lo cual era esperable dada la posición del entonces presidente Alan García sobre la irrelevancia de una política de seguridad alimentaria: el Perú –declaró- no debería “obsesionarse en el concepto de tener una seguridad alimentaria, una idea que ya no sirve en el mundo.” Al contrario, debería seguir el ejemplo del Japón, país que “adquiere el 70% de sus alimentos fuera” y “cambiar [nuestro] gas natural, convertido en forma de plástico y petroquímicos, por alimentos…”. (3)
El Ministerio de Agricultura ha tendido a minimizar la importancia del nuevo escenario de (in)seguridad alimentaria instalado desde el 2007. Cuando los precios de los cereales volvieron a subir a fines del 2010 y comienzos del 2011, el ministro de Agricultura de ese entonces, Rafael Quevedo, declaró que los precios internos en el país no se elevarán pues “solo tres productos internacionales: el trigo, el maíz y la soya, tienen influencia en el mercado local [y] el resto de alimentos que se consumen en el país son producidos por los agricultores de las diferentes regiones.” Notable error de apreciación, dado que prácticamente el 100% de la harina, fideos y galletas son fabricados con trigo importado, que más de la mitad del maíz utilizado como insumo por la industria avícola (que produce la mayor parte de la proteína de origen animal consumida en el país) es importado, y que gran parte del aceite comestible se produce a partir de la soya importada.
Actualmente, también el Ministerio le ha quitado importancia al alza de alimentos. El diario La República recogió las declaraciones del ingeniero Hugo Fano, director de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos del Ministerio de Agricultura: “no hay razones para que se eleven los precios de los principales productos de la canasta básica familiar…; el incremento de los precios de harina y fideos es coyuntural y no obedece a las últimas tendencias del mercado internacional".
Existe, pues, no sólo una falta de reacción de este y anteriores gobiernos (mientras que otros países se aprestan a medidas de emergencia) sino una despreocupación inexplicable sobre el tema de la seguridad alimentaria. Mirando retrospectivamente, el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco fue el último que puso este tema en lo alto de su agenda. Incluso creó un Ministerio de la Alimentación y desarrolló un programa para masificar el consumo de pescado, incluso en la sierra. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se aprobó una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, que nunca fue implementada. Hay desde hace un par de años una propuesta de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria elaborado con asesoría de la FAO, que no ha merecido la atención de ninguna autoridad pública. No hay actualmente ningún ministerio que asuma la responsabilidad de plantear y llevar adelante una propuesta en serio de seguridad alimentaria. Hay dos proyectos de ley en el Congreso que no han sido siquiera debatidos en su respectiva comisión.
Uno de las medidas que hay que hacer es reducir la dependencia alimentaria del Perú de aquellos productos importados que han pasado a ser parte básica de la canasta de alimentación de los peruanos: los derivados del trigo, el maíz para la avicultura, el aceite de soja. Esta canasta debe ser más adecuada a las posibilidades productivas del país, que por su biodiversidad son muchas. La composición de las canastas de alimentos es el resultado de la oferta de producción local, de la tradición y de decisiones políticas. Éstas últimas han tenido una importancia decisiva en colocar como parte esencial de la canasta de las familias urbanas a los derivados del trigo: durante décadas el precio de este cereal importado fue subsidiado por el Estado peruano (además de los subsidios que ya recibían en sus países de origen); la producción masiva del pollo fue en parte resultado de la decisión del gobierno de Velasco. Asimismo, el escándalo de ser el Perú uno de los principales exportadores de proteína de origen animal bajo la forma de harina de anchoveta, mientras que parte de la población del país es deficitaria en su consumo, es también resultado de una decisión política por omisión.
Es conocida la resistencia de las poblaciones por cambiar sus costumbres alimenticias, pero las amenazas globales de inseguridad alimentaria son crecientes, y el Perú va a tener que tomar decisiones drásticas el algún momento. Cuanto más demore en hacerlo, nuestra vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria será mayor.
(1) La República, 14 de agosto 2012.
(2) Eduardo Zegarra. “Precios, demanda y vulnerabilidad alimentaria de los hogares peruanos”. Lima. GRADE. 2010.
(3) Entrevista concedida al diario Expreso. Setiembre 6, 2010.
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