Carlos Monge: "La gran minería no genera ningún tipo de desarrollo rural"
En la siguiente entrevista, Carlos Monge, Coordinador Regional de America Latina de Revenue Watch Institute, analiza el concepto de desarrollo rural que maneja el actual gobierno, así como la necesidad de que la pequeña agricultura sea una de las palancas para lograr el desarrollo rural. También insiste en que la gran minería no se propone hacer ningún tipo de desarrollo rural en el país, y que los lobbys mineros, en la actualidad, están impidiendo la promulgación de una ley de ordenamiento territorial.
Entrevista de Ricardo Marapi
Este año 2013 ha sido bautizado por el gobierno como el “Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, lo cual nos lleva a preguntar ¿qué entiende el gobierno sobre desarrollo rural?
Yo no he escuchado, de parte del gobierno, una especie de gran definición conceptual: «esto es lo que entiendo por rural, esto es lo que entiendo por desarrollo, y en consecuencia esta es mi política supra, grande, orientadora sobre desarrollo rural». A mi me ilustra más bien lo que el gobierno está haciendo. Y lo que veo en relación con el mundo rural ─no solamente agrario, sino el mundo rural de manera más amplia─ es que hay una política sectorial agraria que ha estado fuertemente centrada en la promoción de la mediana y gran agricultura de exportación en la costa.
Ha seguido la inercia de anteriores gobiernos…
Sí, de acuerdo. Incluso tu lo ves en la selección de los últimos tres ministros: Miguel Caillaux, que ha sido presidente de Conveagro pero que es un líder de medianos agroindustriales costeños; Luis Ginocchio, un conocedor de la agricultura costeña y de la plataforma agroexportadora del norte; y ahora Milton von Hesse, un técnico que viene del MEF…
¿Y el perfil de estos tres ministros que te da a entender…?
Me da la impresión de que ha habido una continuidad por la consolidación de la plataforma agroexportadora costeña. Y el caso emblemático es Olmos. Que un Ministerio de Agricultura con cuadros progresistas, con gente que viene de la izquierda, y con mucha cercanía con Conveagro, haya dejado que ocurriera lo de Olmos, en mi opinión, fue una barbaridad. Olmos es un proyecto diseñado para reconcentrar tierra, donde premias al que compra más y no había ningún espacio para promover el acceso a pequeña y mediana propiedad. En mi opinión, los perfiles de las personas y las políticas más significativas tienen que ver con la continuidad.
¿Ha habido un excesivo apoyo a la agricultura industrial en desmedro de la pequeña agricultura?
No digo que la descarten ─porque creo que también se debe tener una plataforma agroexportadora exitosa, ojalá democratizada, ojalá no tan concentrada─ pero que por lo menos le presten mayor o igual atención a los problemas de inversión, crecimiento económico, desempeño, y productividad de la sierra andina, de la sierra campesina empobrecida. Yo veo un Ministerio de Agricultura muy costeño. Y ahí no está ni la mayor ni la peor pobreza. Ahí no están los gravísimos problemas estructurales del minifundio, de la interculturalidad, de la complejidad de la geografía. Veo un ministerio centrado en costa que no tiene un gran liderazgo, ni un gran discurso, ni una gran apuesta en relación a la sierra. Sin embargo, lo que sí veo en políticas para la sierra es una incesante y enérgica promoción de una gran minería en el espacio andino, y, por otro lado, la promoción de programas de lucha contra la pobreza.
¿La pequeña agricultura continúa siendo la actividad económica que servirá de palanca para superar la pobreza rural? ¿O el actual gobierno está concibiendo otras actividades económicas?
En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales. Yo no veo que esté haciendo una apuesta por esa pequeña agricultura comunal, familiar, parcelaria. Esa es mi crítica. Parece que en la imaginación del gobierno, el desarrollo rural de las zonas pobres y, por tanto, la superación de la pobreza, no va a venir de la agricultura misma sino de un cheque del Programa Juntos, con su Cuna Más, su Pensión, su Beca, es decir, la suma de todos los programas. Ciertamente ahora cuentan con técnicos más calificados y con más respeto por la dignidad de las personas. Los equipos que ahora manejan el MIDIS no manosean la dignidad de las personas, con los niveles del clientelismo que había durante Fujimori, e incluso también con Toledo y García. Pero, finalmente, lo que veo es harta minería y harto programa social, y poca política que saque al campesino de la pobreza a partir de su condición de ser campesino. Yo creo que la única salida de la pobreza ─que sea sostenible, permanente y con dignidad─, es que el campesino sea exitoso en el mercado. Así de simple. Cuando un campesino pueda vender sus carnes, sus lanas, su fibra, su artesanía, sus papas, sus quinuas en el mercado ─sin necesidad de un cheque mensual que lo sostenga, como colgado de los pelos, encima de la línea de la pobreza─, entonces yo creo que ahí va haber inserción social.
¿Para caminar hacia este anhelado desarrollo rural, la pequeña agricultura tiene que ser necesariamente la palanca? ¿Por qué no puede serlo también la gran minería?
No, porque la gran minería plantea tres problemas fundamentales. El primero es que la gran minería compite por la tierra ─y sobre todo por el agua─ con esa misma población campesina, parcelera, comunera. La gran minería, en algunos casos, destruye fuentes de agua al hacer tajo abierto en las praderas altoandinas. Y, en muchos casos, contamina el agua que no consume, devuelve aguas contaminadas o tira relaves. Entonces, hay un primer problema de que la minería compite con la agricultura en el tema de acceso a ciertos recursos. En segundo lugar, la minería genera poco empleo directo, y no se puede reconvertir a 600 mil pobladores de Cajamarca en trabajadores mineros. No hay manera. La minería grande y formal es una operación muy intensiva en capital, que requiere mano de obra calificada, que no puede ser provista por las poblaciones locales. Y en tercer lugar, la gran minería tiende a no abastecerse de los agentes económicos locales, es decir, tiene poco contenido local, porque hasta la comida la traen de afuera. El Estado no tiene ninguna política para promocionar que las empresas mineras compren en los mercados locales. Cero políticas al respecto.
¿Crees que las actuales políticas del gobierno están dirigidas a una convivencia entre la gran minería y la agricultura en determinadas zonas?
Creo que el gobierno apunta por la gran minería porque es fuente de renta, esa es la razón principal. Una fuente de renta que le va a permitir sostener sus programas sociales, porque en la concepción del gobierno la lucha contra la pobreza pasa, fundamentalmente, no por el Ministerio de Agricultura ni por el Ministerio de la Producción, sino por el MIDIS. Pero al final están repartiendo plata y eso requiere un presupuesto. ¿Te acuerdas de la frase del presidente Humala?: «Conga garantiza la gran transformación». Bueno, Conga es la fuente de renta para los programas sociales y eso es lo que él quiso decir. Yo no sé si el gobierno sabe cuán compatible es ese gran proyecto minero con la pequeña agricultura. Su visión fundamental es: «necesitamos meter el paquete de 56 mil millones de dólares de inversión minera porque esa es la renta que nos va a permitir atender la pobreza». Esa es su compresión de lucha contra la pobreza y todo lo demás es secundario.
Hace unas semanas se firmó un convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Energía y Minas para buscar una buena relación o convivencia entre la pequeña agricultura y la minería. ¿Esto qué implica?
El mismo término “convivencia” me preocupa. Es como que están juntos y no se tocan, no es una relación mutuamente beneficiosa. Creo que es un gesto político más que algo real. Mi preocupación es que quieren sacar adelante proyectos ─tipo Conga o Tía María─ a como dé lugar y sin importar el tema del agua que es fundamental para la agricultura. Por otro lado, tampoco tienen ninguna política que le diga, a esos mismos agricultores del valle Río Tambo o de las cuencas de Celendín, que la mina les va a comprar o que fomentarán un proceso de asociatividad, capacitaciones o asistencia técnica. Eso no hay, no existe, ni forma parte de una política gubernamental. Lo que sí hay es: «te impongo el proyecto minero», y lo demás librado a la buena de Dios…
¿Necesitamos la gran minería para aspirar a un desarrollo rural integral?
No, para nada. Lo que el gobierno dice es que la minería genera renta y con esa renta hacemos escuelas, vías de comunicación, etc. Pero la minería, per se, no genera ningún tipo de desarrollo rural, incluso en algunos casos lo perjudica. Nosotros hemos investigado cómo, en muchos casos, la rentabilidad minera se traduce en presupuesto municipal a través del canon; y el alcalde ─desesperado por gastar y con el afán de hacerse reelegir─ paga jornales tres o cuatro veces más altos de los que paga la agricultura. Entonces tienes problemas de falta de competitividad de la agricultura porque le distorsionas el mercado de mano de obra por la vía de la obra municipal en la infraestructura. Eso ya lo hemos documentado en varios casos en el país. Hablemos claro: en primer lugar, la minería no se propone hacer desarrollo rural. La minería podrá manejar un concepto de responsabilidad social corporativa y preocuparse por el bienestar social de su entorno ─en algunos casos más y en otros menos─, pero su objetivo fundamental no es el desarrollo rural. En segundo lugar, no hay ninguna política pública que busque una mejor articulación de la minería con su entorno rural.
En medio de este proceso de descentralización ¿los diversos gobiernos regionales están acogiendo la actividad minera como parte de sus planes de desarrollo?
Creo que hay de todo. Es difícil hablar de “los gobiernos regionales” porque hay una enorme heterogeneidad. Existen algunos como el de Cajamarca que se han tirado frontalmente en contra, presionados por su base social. Y además Yanacocha es una mala marca, tiene una mala imagen. Pero tienes casos como los de Moquegua y Tacna donde los gobiernos regionales entran en la lógica de la negociación, siempre en torno al agua, y buscando proteger a una base social que es fundamentalmente agraria y que compite con la mina, o que siente que la mina, más bien, compite con ellos por el agua. Entonces en un caso un gobierno regional dice: «o sacamos Pasto Grande o no hay Quellaveco»; y en otro caso un gobierno regional dice: «desaliniza agua de mar, aunque bajes tu tasa de ganancia, o sino, no hay ampliación de Cuajone y Toquepala». En ambos casos es un gobierno regional el que ingresa al debate, aunque no tiene ninguna competencia, pero como actor político entra al debate y pone en el centro del problema el tema del desarrollo rural ─buscando proteger una dotación de agua para el desarrollo rural─ y planteando soluciones creativas.
Sin embargo, ¿no suena utópico plantear que se impida el ingreso de la gran minería sabiendo la alta rentabilidad que en la actualidad tiene esta actividad?
Bueno, puede sonar utópico pero en Costa Rica ya lo hicieron. Ahí te prohíben la minería de tajo abierto; te prohíben el uso de mercurio y cianuro; y apostaron por la pequeña y mediana agricultura. Esas son sus bases de generación de empleo, de ingresos públicos y de renta pública. Y Costa Rica es un país moderado, tirando para conservador, nada izquierdista, casi una colonia norteamericana, culturalmente hablando. Entonces, ¿por qué va a ser totalmente utópico? Me parece más bien realista el pensar que no es posible que el país siga absorbiendo todo un paquetón de inversiones mineras. El gobierno debe bajar un poco el ritmo. Allí donde no se puede, pues no se puede. Y más bien debe empezar a pensar qué se puede hacer con esa pequeña y mediana producción. Por ejemplo, en el caso de Cajamarca, ¿cuál ha sido la acción del gobierno ante el proyecto Conga? Yo no veo un Ministerio de Agricultura interviniendo con la misma energía para recuperar la ganadería lechera, las cuencas, la alfalfa. Eso no hay. Solo es minería, minería, minería.
Entonces… ¿cuál es la visión de desarrollo que tiene el gobierno de Ollanta Humala? o mejor dicho ¿tiene una visión de desarrollo rural?
Yo no creo que tenga una visión de desarrollo rural. Creo que lo que ha tenido son ministerios con visiones parciales. Creo que el Ministerio de Agricultura ha estado muy concentrado en la agricultura de costa, eso es lo que sus cuadros conocen, eso es lo que los ministros conocen. Creo que la sierra se la han encargado al Ministerio de Energía y Minas y al MIDIS, y que ellos vean como hacen. Yo no conozco un discurso central que me haya impactado y que me diga que existe un conjunto de intervenciones del sector público en comunicaciones, transporte, agricultura, trabajo, pequeña y mediana empresa, destinadas a recuperar la competitividad de la pequeña agricultura y crearle condiciones mínimas para salir adelante. No veo eso.
¿De qué manera una Ley de Ordenamiento Territorial ayudaría a ver el camino para alcanzar ese desarrollo rural?
Ese tema es súper importante. La Ley de Ordenamiento Territorial, si se hace bien, va a terminar de definir la metodología y las competencias para hacer un proceso previo de zonificación ecológica y económica. Eso es totalmente fundamental porque, si se hace bien y de manera participativa, permitirá combinar los saberes técnicos con los saberes populares para generar una suerte de acuerdo, de consenso, de pacto social respecto de cuáles son los recursos que hay en ese territorio y cuáles son los prioritarios; para qué se deben usar; en qué partes del territorio y para quién; y por la misma razón, cuáles son las cosas que no se pueden hacer.
¿Estamos maduros, políticamente hablando, para ejercer una ambiciosa ley de este tipo? Es decir, la madurez de actores sociales de una zona para reunirse y tomar una decisión consensuada sobre el futuro económico de su territorio…
Pero son madureces que también se construyen. Es decir, no se debe tener un gobierno central que reaccione con miedo cuando Cajamarca hace su zonificación. Por ejemplo, en el gobierno anterior el ministro Brack la declaró ilegal porque no la hizo él ni estuvo bajo su control, o porque le tuvo miedo, o porque las mineras se quitaron del proceso y la denunciaron como una conspiración comunista en contra de la inversión. ¡Y eso que el proceso fue acompañado por la GIZ, por Dios! La GIZ es la misma que colabora con el Ministerio de Agricultura, con la Defensoría del Pueblo, con el MEF y con medio mundo. Pero no, la reacción no es de liderazgo. La reacción no es de: «vengan, hagamos esto, encerrémonos una semana, juntemos a los técnicos, veamos cuáles son las bases mínimas de acuerdo». Yo parto de la premisa de que son madureces que se construyen en la búsqueda del consenso, con la intencionalidad de sacar esto adelante. Siempre habrán discrepancias, obviamente, en un proceso participativo. El conflicto es parte de la vida social. Habrá intereses contrapuestos pero también mecanismos institucionales para resolverlos. Pero yo sí creo que el ejercicio mismo puede generar bases de consensos más grandes de lo que podría aparecer a primera vista.
¿Y cuál es la posición actual de los lobbys mineros sobre el ordenamiento territorial? ¿Permitirán que salga una ley de este tipo?
Yo entiendo que su posición es que «mientras menos mejor y si no hay una, muchísimo mejor». Y en algunos de los debates, a uno de sus representantes le he escuchado decir: «el único ordenamiento territorial que hay es el resultado de la exploración que te dice si hay o no hay minerales». Es decir que, para ellos, la única lógica de ordenamiento territorial es la rentabilidad de esa inversión en el mercado. O sea, «si hay minerales y es rentable, esa es una zona minera, y el resto son vainas. Eso del ordenamiento territorial es un invento de los ambientalistas agitadores, ultras, extranjeros...». Es decir que, para ellos, el destino de un territorio lo decide la rentabilidad en el mercado de los recursos que contiene. Yo estoy absolutamente seguro que el lobby minero está ahí, trabajando contra el ordenamiento territorial y estoy seguro que tiene al MEF y al Minem de su lado.
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