La deforestación continúa: Grupo Romero continúa planes de expansión

CEPESRURAL I CEPESRURAL

Publicado: 2010-06-15

A pesar de la paralización de su proyecto Palmas del Caynarachi, el Grupo Romero continúa con sus planes de expansión de palma aceitera, a expensas del bosque amazónico.

A fines de abril pasado, el Grupo Romero renunció al trámite por la adjudicación de 6,129 hectáreas de bosque que estaban destinadas al proyecto Palmas del Caynarachi, ubicado en el distrito de Barranquita, San Martín. Aunque todo parece apuntar a que el desenlace complace a las poblaciones y los gobiernos locales, el Grupo Romero sigue activo en otros proyectos de palma aceitera, en zonas contiguas —proyectos de dudosa legalidad y en los cuales enfrenta la férrea oposición de la población local e, incluso, del gobierno regional.

Shanusi: sembrando en zonas forestales

Para hacer realidad el proyecto Palmas del Shanusi, el Grupo Romero, mediante su empresa Agropecuaria del Shanusi S.A., logró la adjudicación, en 2006, de 7,029 hectáreas de tierras ubicadas en Loreto. La zona es parte de un área reclamada por la región vecina, San Martín, y como tal fue incluida dentro de los estudios regionales de ordenamiento territorial que en 2005 cristalizaron en el documento «Macrozonificación ecológica económica de la región San Martín». De acuerdo con el estudio, el 76.48% del terreno adjudicado a Agropecuaria del Shanusi cae en la categoría «zona con potencial maderero excelente a muy bueno, asociado con cultivo permanente con limitación por pendiente», mientras que el 20.65% es considerado como tierras forestales en recuperación.

De acuerdo con el estudio, por tanto —dejando de lado si el terreno adjudicado está en territorio de Loreto o de San Martín—, el proyecto Palmas del Shanusi no debería haber sido aprobado, ya que más del 97% de los terrenos adjudicados se encuentran en tierras clasificadas como tierras forestales no aptas para la agricultura.

Más aun, la empresa titular del predio habría cometido una serie de actos contrarios a la normatividad vigente, como el haber arrasado con todo el bosque que existía en dichos terrenos, sin respetar siquiera las franjas marginales de quebradas y ríos. De acuerdo con Octavio Alvarado, asesor legal del Gobierno Regional de San Martin (Goresam), «la empresa ha modificado los cauces, no ha respetado el 30% de cobertura boscosa que señala la ley, ha abierto carreteras y hasta un aeropuerto privado sin autorización de los organismos competentes, y ha realizado todos estos actos sin contar con un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado».

Palmas del Oriente: sembrando irregularidades

Pero Palmas del Shanusi no es el proyecto más conflictivo del Grupo Romero en la selva. Otro proyecto suyo, de palma aceitera: Palmas del Oriente, es el que más enfrentamientos le ha generado con el Goresam y la población local.

En marzo de 2007 se expidió la R.M. 255-2007-AG, mediante la cual se incorpora al dominio del Estado el predio Palmas del Oriente, ubicado —al igual que el proyecto Palmas del Caynarachi— en la localidad de Barranquita. En vista de la oposición de la población, el alcalde César Soria, del Partido Nacionalista, se movilizó ante diversas autoridades para impedir la firma del contrato de compraventa que siguió a la mencionada resolución. Frente a la existencia de presuntas irregularidades en la adjudicación de estas tierras, el Goresam le dio instrucciones al entonces director regional de Agricultura, Jorge Vera, para que no firme la compraventa. Sin embargo, por presiones del Ministerio de Agricultura y de la empresa, que incluso le entabló un proceso judicial a Vera por la demora en la suscripción del contrato, este terminó firmándose el 27 de marzo de 2008.

De acuerdo con Alvarado, en Palmas del Oriente, Romero habría incurrido también en otras faltas. «Aunque ellos han respetado el 30% de cobertura boscosa de las tierras adjudicadas (como exige la Ley Forestal y de Fauna Silvestre), ya han deforestado el resto, es decir, 2,100 hectáreas, como lo reconocieron en conferencia de prensa en abril pasado». Con ello, según indica Alvarado, estarían incumpliendo su propio estudio de impacto ambiental (EIA) —ya aprobado—, en el que se señala que el desbosque debía realizarse de manera gradual, a razón de 700 hectáreas por año. «La empresa incumplió su EIA y desboscó en menos de cinco meses lo que debía haber realizado de manera gradual en tres años», asegura. De acuerdo con Alvarado, también se habría incurrido en otros vicios de orden administrativo, como que el EIA de la empresa fue presentado un año y medio después de haberse expedido la resolución de cambio de uso de tierras. Por estos y otros motivos, el gobierno regional de San Martín ha solicitado al ministro de Agricultura que declare la caducidad automática de la adjudicación y que las tierras regresen al dominio del Estado.

El impacto en la población local

Si bien el área adjudicada al proyecto Palmas del Oriente no pertenece a ninguna comunidad ni contiene vivientes, sí hay comunidades aledañas que se consideran perjudicadas por la presencia de la empresa en la zona. «Esta es una zona en la que las comunidades van a recolectar, cazar o transitar por ahí, o en la que eventualmente sus hijos van a poner una chacra —cosas pequeñas, pero que son parte de la dinámica social y económica de la zona», explica Juan Luis Dammert, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). «Por el otro lado tienes a una empresa que entra con maquinaria y deforesta de golpe todo el bosque. Hay, entonces, una sensación de presión, de que esto es incontenible y se está invadiendo algo que ellos consideraban suyo».

Si se la compara con la deforestación por agricultura migratoria, a la fecha la deforestación por palma aceitera en la selva peruana es muy escasa. Pero el punto, sostiene Dammert, es que el carácter abrupto de la deforestación que este tipo de proyectos genera incentiva el proceso de deforestación a manos de las poblaciones locales, como mecanismo de defensa de la propiedad ante el avance de la empresa. «Al sentirse amenazadas, las comunidades aledañas se ven alentadas a lotizar su propiedad —en el caso de las que tienen alguna posesión en la zona de bosques o practican alguna actividad agrícola—, y para ello empiezan a deforestar con el fin de titular la parte de aprovechamiento agrícola».

Con respecto a las tierras que estaban destinadas al proyecto Caynarachi —a cuyo trámite de adjudicación el Grupo Romero renunció —, el reto ahora es decidir su futuro. «Sería una irresponsabilidad de las autoridades de San Martín permitir que continúe el proceso de invasiones y deforestación por pequeña agricultura que se viene realizando en la zona», sostiene Dammert. «Lo que hay que hacer ahora es diseñar e implementar un plan de desarrollo para la zona, partiendo por determinar nuevamente la aptitud del suelo. Si es forestal, como suponemos, habrá que buscar mecanismos de desarrollo forestal o de aprovechamiento del bosque en pie, de alguna otra manera».

Artículo publicado en LA REVISTA AGRARIA número 118 en el mes de mayo con el diario La República.

Sobre el tema, un interesante informe en video de Alerta Perú