¿En el Perú hay inversión pública para la pequeña agricultura? (parte 1)
Entre los años 2006 y 2010 hubo un crecimiento considerable de la inversión total, de 356%, mientras que la inversión agraria se elevó en 79%. El sector agrario está compuesto por 1.74 millones2 de unidades productivas.
Actualmente, contribuyen al PBI con 7.6%, el menor porcentaje registrado en la última década debido al crecimiento sostenido de otros sectores liderados por la minería, la construcción y los servicios urbanos. Por el lado de las familias, hay una alta correlación entre laborar en la actividad agropecuaria y vivir en pobreza: el 61% de los pobres y el 81.2% de los pobres extremos se encuentran ocupados en el sector agropecuario. En cuanto al financiamiento, sólo el 3% del crédito formal se concentra en este sector.
Sin embargo, en este mismo periodo, el agro ha tenido aportes significativos a la economía nacional: el 32.8% de la población económicamente activa (PEA) ocupada labora en el agro, y el valor de las exportaciones agrícolas ha crecido en 237% en la última década, manteniendo una tendencia creciente.
La política económica del sector agropecuario está explicitada en el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2006-2011. Una de las entidades ejecutoras de esta política es el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agrorural). El principal objetivo de esta institución es promover el desarrollo de la pequeña agricultura con potencialidad productiva, priorizando la inversión orientada a la agroexportación. En vista de que dichas exportaciones se han concentrado en la costa, no es raro que los cambios no impacten en la agricultura familiar, principalmente en la sierra y la selva, donde hay poca tierra, sin riego, un nivel educativo bajo y se labora con tecnología tradicional. Adicionalmente, se puede ver que esta entidad reconcentra funciones y presupuesto, que pudieron ser transferidos a otros niveles de gobierno. La política del Estado pretende llegar a los sectores más pobres a través de programas sociales de transferencia condicionadas, como Juntos, donde se promociona el consumo, mas no una política de inserción productiva.
En cuanto a las funciones y competencias en materia agraria, de los diferentes niveles de gobierno, se observa que entre el gobierno nacional, el regional y el local hay superposiciones, y se presentan dos escenarios factibles: el primero tiene que ver con multiplicar acciones de los diferentes niveles de gobierno, con un mismo objetivo y en forma descoordinada; y el segundo, con la ausencia de intervención frente a un determinado problema, bajo el supuesto de que alguno de los otros niveles de gobierno se encargará de resolverlo.
Respecto a la inversión pública en el agro, el gasto público total agrario representa apenas el 2.4% respecto al gasto publico total, participación que, sin embargo, ha crecido de forma moderada en los últimos cuatro años, pasando de 1.7% en 2006 a 2.4% en 2009.
Respecto a la inversión pública en el
agro, el gasto público total agrario representa
apenas el 2.4% respecto al gasto
publico total, participación que, sin embargo,
ha crecido de forma moderada en los
últimos cuatro años, pasando de 1.7% en
2006 a 2.4% en 2009
Artículo publicado en LA REVISTA AGRARIA número 125 en el mes de Enero con el diario La República.
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