2010: mucho ruido y pocas nueces para el sector agrario (Parte 1)
«Yo creo que dando propiedad a los campesinos, a través de la consolidación agraria en zonas de minifundio, y cobrando por el agua, podremos sacar lo mejor posible en un país que es esencialmente minero y, repito, no agrario».
Estas palabras resumen lo que ha sido el modelo impuesto por el presidente García durante su periodo de gobierno: un modelo en donde el sector agrario no ha sido prioridad, salvo para promocionar la agricultura a gran escala y dedicada a la exportación. El año 2010 no ha sido la excepción, y las normas y políticas que se han dado han ido en ese sentido. Lo que viene es un repaso de lo poco que se hizo y de lo mucho que se dejó de hacer en los últimos doce meses.
En marzo de 2010, a un año de la promulgación de la Ley General de Recursos Hídricos, se publicó solo uno de los reglamentos que habían sido anunciados: el referido al procedimiento para la obtención de los derechos sobre uso del agua y los lineamientos para la conformación de los consejos de cuenca. Esta ha sido lenta, pues el reglamento establece que serán iniciativa de los gobiernos regionales: en un contexto de proceso electoral, pocos gobiernos regionales promovieron su conformación.
La creación de los consejos de cuenca es un mecanismo interesante. El reglamento fue más allá de la ley al incluir en ellos a otros usuarios. Aun así, es poca su participación. Dado que el agua tiene múltiples usos, resulta insuficiente contar con tan solo un representante de los usos agrarios y uno de los usos no agrarios.
En octubre, el Ejecutivo promulgó la Ley 29596, que viabiliza la ejecución del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (Preda) y beneficia a casi seis mil pequeños agricultores que mantienen deudas con instituciones financieras. Esta ley detiene los procesos de remate de las tierras que fueron otorgadas en garantía de las obligaciones, al disponer que las deudas de los agricultores con las instituciones financieras, cuyo saldo de capital no exceda los S/.45 mil, sean compradas por Agrobanco y puedan ser refinanciadas.
Sin embargo, esta medida solo alcanza a los productores con acceso a crédito, básicamente agricultores de costa, y no todos pequeños productores, si tenemos en cuenta el monto tope para acogerse a la norma. Para muchos, si bien no es una condonación, ha sido una medida que termina beneficiando injustamente a un sector reducido de agricultores. Para los más críticos, no es más que continuar con una política del «perro muerto», lejos de consolidar una política de responsabilidad en el pago de deudas.
Artículo publicado en LA REVISTA AGRARIA número 125 en el mes de Enero con el diario La República.
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