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El grave impacto social y ambiental provocado por las industrias extractivas, también tiene relación con una equivocada manera de gobernar en nuestro país. Nuestras autoridades toman decisiones que no reflejan los intereses de todos los peruanos, especialmente cuando estas decisiones promueven las desmedida explotación de nuestros recurso naturales.

Un ejemplo de ello, son las concesiones que el Gobierno otorga a las empresas extranjeras para hacer exploraciones y explotaciones de nuestras materias primas, sin consultar a la población involucrada.

Recodemos que hasta el momento el Congreso de la República no aprueba la Ley de la Consulta previa. Esta es una demanda de las poblaciones indígenas que son protagonistas de los conflictos socio ambientales, que como sabemos se vienen incrementando en el país.

Por otro lado, si no remediamos los pasivos ambientales que generan las industrias extractivas, las comunidades van a tener una permanente observación sobre cualquier tipo de proyecto.

Además el Estado está en la obligación de asumir su rol de facilitador del dialogo, y no solo un rol de facilitador del proyecto. Eso no es gobernabilidad.

Sobre el tema, presentamos la exposición del abogado ambientalista Alberto Barandiarán, quien analiza la actual situación de las industrias extractivas en el marco de la gobernabilidad ambiental.

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