Artículo escrito por  Hugo Cabieses CEPES para La Revista Agraria

Eorindari es el nombre originario de la región del río Madre de Dios, al que los incas llamaron Amarumanu o río de la serpiente. Esta región es aún la joya de la biodiversidad del Perú, con dos parques nacionales protegidos (el Manu y el Alto Purús), la reserva nacional Tambopata, varias áreas de conservación privadas y la reserva comunal Amarakaeri.

Pero Madre de Dios es, también no debemos olvidarlo, una joya de multiculturalidad andino-amazónica: nueve etnias amazónicas (matsiguenga, ese eja, harakmbut, yaminahua,amarakaeri, yine, kishwa runa, shipibo y los llamados mashco- piro), quechuas, aimaras, criollos y blancos, que conviven en una abigarrado crisol multiétnico.

No obstante, la región está fuertemente agredida por varios males ilegales: tala ilegal de madera, extracción ilegal e informal de oro, tráfico ilícito de drogas, trata de personas, contrabando, lavado de dinero, tráfico de combustibles, etc.

Esta región, fronteriza con Bolivia y Brasil, en lo que se denomina MAP (Madre de Dios, Acre y Pando), era hasta hace pocos años la última frontera de nuestro país, que durante decenios fue olvidada por el Estado, por el mercado, por la sociedad y por los operadores políticos, salvo en cortos periodos de boom de expoliación de sus recursos naturales, de su biodiversidad y de sus gentes.

Con mucha razón, el escritor Edwin Segovia Saavedra, en su novela Eorindari, al sur del paraíso (Puerto Maldonado, 1999) dice que «El caucho, el petróleo y el oro están pues manchados de sangre y tienen el aliento inconfundible del despojo». De eso se trata ahora en Madre de Dios: del oro ilegalmente extraído, de la trata de personas, del tráfico ilícito de drogas, de la lucha contra el olvido de decenas de miles de trabajadores, campesinos e indígenas extractivistas... y de la sangre derramada recientemente.

Se pudo evitar

Sostengo que los tres muertos que sonllorados por su familiares y que ni siquiera son mencionados por las autoridades ojo: se llaman Carlos Lanci Yumbato, Julio Ticona Medina y Francisco Areque Jipa; este último, nativo harakmbut, los cuarenta heridos —entre los que hay varios policíasy los sesenta detenidos de las últimas semanas, pudieron haberse evitado si se hubiera continuado con la estrategia del Plan de Acción Rápida (PAR), que impulsamos entre setiembre y noviembre del año pasado desde el Ministerio del Ambiente. Hasta el 10 de diciembre de 2011, en el Ministerio del Ambiente (Minam) tratamos el tema de otra forma, resumida en cuatro puntos:

1) Comprometer al gobierno regional, a los gobiernos locales, a los agricultores no mineros, a los mineros que quieren formalizarse y a los pobladores urbanos, a los que la «Goya», los Baca, los Huamaní, los «comeoro» y otros no los favorecen, sino que los perjudican. Intentamos proteger de los delincuentes a las pobladoras urbanos, a los nativos, a los mineros artesanales y a los verdaderos agroforestales.

2) Abrir, promover y alentar, con presencia de viceministros, directores generales y técnicos, cuatro mesas de diálogo que la nueva gestión no quiso o no pudo continuar. Estas mesas eran:

a) Registro y formalización de los mineros informales, artesanales y de pequeña minería ubicados en el denominado «corredor minero».

b) Impulsar proyectos productivos agropecuarios, de manejo de bosques  incluyendo minería de «oro verde» y de turismo ecológico y vivencial.

c) Impulsar proyectos para asuntos sociales de salud, educación y condiciones de trabajo.

d) Proporcionar un tratamiento especial para comunidades nativas.

3) Comprometer una acción integral y multisectorial, lo que quiere decir control policial en tierra y marina en ríos, acompañado con acciones de formalización y desarrollo socioproductivo, con fondos para ello.

4) Comprometer a los otros entes estatales, especialmente Justicia, Fiscalía, Interior, Defensa, Defensoría del Pueblo, MEM, Mujer, Midis, Trabajo y Agricultura. El Minam estuvo metido de pies y patas con el mismo ministro, dos viceministros, cuatro directores generales, cuatro asesores técnicos y jurídicos, 15 técnicos de Lima, seis técnicos de la oficina del Minam en Madre de Dios y 25 guardaparques del Sernanp, con significativos recursos económicos y logísticos. Todos a tiempo completo, durante casi tres meses.

Durante esos meses apoyamos la construcción de dos carretas: una de control y destrucción de equipos ilegales y otra de desarrollo socioproductivo. Impulsamos el Plan de Acción Rápida (PAR), trabajando «en pared» con la Policía Nacional, para acciones de interdicción en las zonas de exclusión minera básicamente, la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, y con la Dirección de Capitanías (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, para la destrucción de dragas y otras maquinarias en los ríos Madre de Dios, Inamabari y Malinowski.

Coordinábamos acciones de cirugía fina con la Policía y la Marina; participamos activamente en las mesas; vinieron los líderes y autoridades a Lima, en donde el 1 de diciembre se firmó un acta con la presencia de Salomón Lerner y tres ministros, acta en cuyo proceso de cumplimiento estricto estábamos. El expremier Salomón Lerner y el ex ministro Ricardo Giesecke me encargaron coordinar ambos aspectos; en eso estábamos, hasta que el 10 de diciembre se produjo la crisis de gabinete: Óscar Valdés asumió la presidencia del Consejo de Ministros, y Manuel Pulgar-Vidal la cartera del Minam.

Está claro que la gestión Pulgar-Vidal priorizó el Proyecto Conga de Newmont y Buenaventura. Las nuevas autoridades ambientales se olvidaron de los extractores de oro de Madre de Dios, con los que nosotros soñamos planes y firmamos acuerdos concretos. Una vez más, los de

Madre de Dios fueron olvidados y... la sangre llegó al Amarumayo.

Está claro, también, que ahora se está usando otra metodología: la del palo y la bala, no la del diálogo y la seriedad técnica. Se optó por dar cuatro decretos legislativos que son puro palo y nada de desarrollo para miles de mineros. Lamentablemente, ahora el gobierno se ha abierto ocho frentes adicionales para enfrentar la minería informal e ilegal en todo el país: Puno, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Ica, Piura y Cajamarca.

Lo único que han provocado los dispositivos mencionados y el olvido del Minam hasta ahora, en este tema, son muertes, pérdidas materiales, detención de oportunidades de cooperación internacional y el levantamiento de 100,000 mineros a nivel nacional, por sacar normas incompletas, no pensadas.

Nota

1 Economista, coordinador del área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH). Fue viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales durante la gestión del ministro Ricardo Giesecke.