Artículo escrito por Ricardo Marapi  (CEPES)  para La Revista Agraria

Mientras terminábamos de descargar, imprimir y leer el informe final de los peritos internacionales sobre el aspecto hidrogeológico del estudio de impacto ambiental (EIA) del polémico proyecto minero Conga, el presidente Humala decidió dar un sorpresivo mensaje a la Nación el viernes 20 de abril y anunciar que la empresa Yanacocha deberá cumplir las exigencias ambientales y recomendaciones del peritaje, para que el proyecto sea viable. En resumen, Conga va, pero con esas condiciones.

¿Por qué el apuro presidencial a cuarenta y ocho horas de entregado el informe? ¿Por qué teñir con un tinte fuertemente político los primeros debates técnicos que se estaban realizando en torno al informe de los peritos internacionales? ¿Cuáles son las posibilidades de que el peritaje pueda convertirse en una herramienta de diálogo y consenso de los principales actores sociales y políticos que protagonizan este conflicto social? Para analizar el informe, en LRA reunimos a dos importantes especialistas en sus respectivos campos: el economista José de Echave, investigador de Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental; y el abogado Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes y experto en temas legales de agua y tierra.

¿El tema de los reservorios ha sido un punto crucial en el informe de los peritos sobre el EIA del proyecto minero Conga?

José de Echave (JdE): Las principales recomendaciones han recaído sobre los reservorios, que es un gran tema de debate. Los reservorios reemplazarían a las cuatro lagunas que iban a ser utilizadas para el proyecto. Dos lagunas serían secadas, para ser convertidas en tajos abiertos, y las otras dos lagunas serían los botaderos. El informe de los peritos evalúa la posibilidad de salvar estas dos últimas y que los botaderos sean ubicados en otro lugar. Pero, además, sugieren incrementar la capacidad de los reservorios para que haya mayor disponibilidad de agua. Se trata de un cambio importante y significativo sobre la capacidad y la oferta de los recursos hídricos en la zona.

Laureano del Castillo (LdC): En el informe también se insiste mucho en la necesidad de que la gestión del agua sea participativa: con agricultores, con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero también con los pobladores; eso en función de la transparencia y de ampliar los beneficios a la población. Por otro lado, también se plantea la necesidad de implementar y profundizar durante varios años una serie de estudios sobre las aguas subterráneas. Y hay una cosa adicional: la necesidad de contemplar, en el futuro, luego del cierre de la mina, el aspecto financiero y organizativo, para asegurar el funcionamiento de las obras que se deben seguir haciendo. En concreto, ¿quién va a financiar el bombeo para evitar la contaminación de las aguas y seguir llenando los reservorios cuando cierre la mina?

¿Cuáles son los puntos débiles que se detectan en el informe de los peritos?

José de Echave (Cooperacción)

JdE: En el debate sobre el proyecto Conga, el tema hidrogeológico es básico y fundamental. Cuando elaboramos el informe del Ministerio del Ambiente, a finales de noviembre, cuestionamos otros aspectos del EIA de Conga; por ejemplo, la zona de influencia del proyecto. La empresa habló siempre de 32 caseríos. Cuando estuve en el Ministerio del Ambiente identificamos más de 200 caseríos. Es un tema que no ha sido abordado por el informe de los peritos. Cuando se habla de la población, lo que se plantea es incrementar las capacidades de los reservorios, para que su servicio sea mayor en términos de su ámbito de influencia, es decir, de población. Pero todavía hay una discusión abierta acerca de cuál es la zona de influencia del proyecto.

Un segundo tema importante, fundamental, es la valoración económica de los impactos del proyecto. La metodología utilizada en el EIA fue de valor de uso directo, y no se utilizó el de valor de uso indirecto. Pongo un ejemplo sencillo: los bofedales o humedales donde el ganado va a pastar. El valor de uso directo de esos bofedales es que los utiliza la actividad ganadera de la zona. Pero esos bofedales también almacenan agua y capturan carbono, y ese es un valor de uso indirecto. El informe de los peritos permite una discusión sobre los aspectos hidrogeológicos, pero, sin duda, el proyecto minero Conga plantea otros temas adicionales que deben ser abordados.

El informe final de los peritos internacionales, ¿deja mal parado al EIA del proyecto Conga, realizado por la empresa minera Yanacocha?

Laureano del Castillo (CEPES)

LdC: El mismo peritaje hace un recuento del proceso de aprobación del EIA hecho en 2010. En la página 42, sobre el EIA, dicen que «es un documento cuya lectura supone un reto, incluso para técnicos especializados […] es difícil la localización de datos, gráficos y figuras en sus 17 densos tomos […] es un documento que supera las 27 mil páginas. En estas condiciones, no es de extrañar que los profesionales encuentren dificultades para su entendimiento», dice el informe. Esto nos da cuenta de la complejidad y de este «ir haciendo en el camino» en que se realizó el EIA.

JdE: Si uno ve las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, en 2010 se aprobaron más de 200 EIA similares, sabiendo además las condiciones precarias en que opera la Dirección General de Asuntos

Ambientales, con poco personal y con poca capacidad para hacer evaluaciones rigurosas. Esta es una luz roja que hay que buscar apagar. Lo que ocurre es que no hay protocolos establecidos; por eso, las empresas abren el proceso y luego van completando la información. Inician el proceso administrativo con información incompleta, partiendo de la idea que el Estado no tiene capacidad para hacer una evaluación rigurosa. Y, por eso, cuando el equipo del Ministerio del Ambiente del cual formé parte revisó el EIA de Conga, nos dimos con varias sorpresas. Una de las lecciones es que estos procedimientos de certificación ambiental deben ser modificados urgentemente.

Ya tenemos un peritaje internacional que establece recomendaciones que no serían tan complicadas para Yanacocha. Entonces, ¿eso significa que Conga va?

LdC: El peritaje hay que ubicarlo en los términos de referencia del contrato de los peritos. Ellos mismos han dicho que a ellos no los llamaron para decidir si el proyecto es viable o no; la decisión está en el Estado. Ellos revisaron el EIA en la parte relacionada con el agua e hicieron una propuesta para mejorar las medidas de mitigación. Yanacocha también debe pronunciarse. Muchas de las recomendaciones serán asumidas con relativa facilidad por la empresa, pero hay otras que suponen hacer nuevos cálculos; por ejemplo, sobre la ampliación de la capacidad de los reservorios, pero, principalmente, sobre lo que significará abandonar su plan de utilizar las dos lagunas como botaderos y poner sus desmontes y relaves en otro lugar. Allí hay costos. Sin embargo, más allá del tema ambiental, también hay que ver la viabilidad económica, técnica y social. Creo que aún quedan dudas, sobre todo por el lado social, que el peritaje no ha resuelto.

JdE: Hoy en día la misma industria minera dice que para llevar adelante un proyecto se necesita construir cuatro viabilidades: la técnico-productiva, la ambiental a través de los EIA, la financiera y la social. Si una de estas viabilidades no funciona, los proyectos no van, y esto lo reconocen las propias empresas mineras. En el caso de Conga, que constituye un conflicto emblemático, varias de estas viabilidades están en discusión. Lo ambiental se está abordando con información disponible y que va a ser discutida de manera amplia. Pero el tema social sigue siendo un tema pendiente porque hay mucha preocupación en la población de Cajamarca, donde se inició el boom de la minería, en 1993, y con enormes problemas que aún no han sido solucionados. Estamos hablando de un impacto acumulativo en dicha región. El país está arrastrando esta secuela de conflictos mineros, y la estrategia del gobierno solo ha sido apagar incendios. Debemos comenzar a debatir el tipo de institucionalidad y de políticas públicas que necesitamos para abordar estos conflictos. Las palabras «reformas sustantivas» aparecen en la agenda, y debemos tomarlas en cuenta. El reto está planteado.

Artículo escrito por Ricardo Marapi  (CEPES)  para La Revista Agraria

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Mientras terminábamos de descargar, imprimir y leer el informe final de los peritos internacionales sobre el aspecto hidrogeológico del estudio de impacto ambiental (EIA) del polémico proyecto minero Conga, el presidente Humala decidió dar un sorpresivo mensaje a la Nación el viernes 20 de abril y anunciar que la empresa Yanacocha deberá cumplir las exigencias ambientales y recomendaciones del peritaje, para que el proyecto sea viable. En resumen, Conga va, pero con esas condiciones.

¿Por qué el apuro presidencial a cuarenta y ocho horas de entregado el informe? ¿Por qué teñir con un tinte fuertemente político los primeros debates técnicos que se estaban realizando en torno al informe de los peritos internacionales? ¿Cuáles son las posibilidades de que el peritaje pueda convertirse en una herramienta de diálogo y consenso de los principales actores sociales y políticos que protagonizan este conflicto social? Para analizar el informe, en LRA reunimos a dos importantes especialistas en sus respectivos campos: el economista José de Echave, investigador de Cooperacción y exviceministro de Gestión Ambiental; y el abogado Laureano del Castillo, director ejecutivo de Cepes y experto en temas legales de agua y tierra.

¿El tema de los reservorios ha sido un punto crucial en el informe de los peritos sobre el EIA del proyecto minero Conga?

José de Echave (JdE): Las principales recomendaciones han recaído sobre los reservorios, que es un gran tema de debate. Los reservorios reemplazarían a las cuatro lagunas que iban a ser utilizadas para el proyecto. Dos lagunas serían secadas, para ser convertidas en tajos abiertos, y las otras dos lagunas serían los botaderos. El informe de los peritos evalúa la posibilidad de salvar estas dos últimas y que los botaderos sean ubicados en otro lugar. Pero, además, sugieren incrementar la capacidad de los reservorios para que haya mayor disponibilidad de agua. Se trata de un cambio importante y significativo sobre la capacidad y la oferta de los recursos hídricos en la zona.

Laureano del Castillo (LdC): En el informe también se insiste mucho en la necesidad de que la gestión del agua sea participativa: con agricultores, con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), pero también con los pobladores; eso en función de la transparencia y de ampliar los beneficios a la población. Por otro lado, también se plantea la necesidad de implementar y profundizar durante varios años una serie de estudios sobre las aguas subterráneas. Y hay una cosa adicional: la necesidad de contemplar, en el futuro, luego del cierre de la mina, el aspecto financiero y organizativo, para asegurar el funcionamiento de las obras que se deben seguir haciendo. En concreto, ¿quién va a financiar el bombeo para evitar la contaminación de las aguas y seguir llenando los reservorios cuando cierre la mina?

¿Cuáles son los puntos débiles que se detectan en el informe de los peritos?

JdE: En el debate sobre el proyecto Conga, el tema hidrogeológico es básico y fundamental. Cuando elaboramos el informe del Ministerio del Ambiente, a finales de noviembre, cuestionamos otros aspectos del EIA de Conga; por ejemplo, la zona de influencia del proyecto. La empresa habló siempre de 32 caseríos. Cuando estuve en el Ministerio del Ambiente identificamos más de 200 caseríos. Es un tema que no ha sido abordado por el informe de los peritos. Cuando se habla de la población, lo que se plantea es incrementar las capacidades de los reservorios, para que su servicio sea mayor en términos de su ámbito de influencia, es decir, de población. Pero todavía hay una discusión abierta acerca de cuál es la zona de influencia del proyecto.

Un segundo tema importante, fundamental, es la valoración económica de los impactos del proyecto. La metodología utilizada en el EIA fue de valor de uso directo, y no se utilizó el de valor de uso indirecto. Pongo un ejemplo sencillo: los bofedales o humedales donde el ganado va a pastar. El valor de uso directo de esos bofedales es que los utiliza la actividad ganadera de la zona. Pero esos bofedales también almacenan agua y capturan carbono, y ese es un valor de uso indirecto. El informe de los peritos permite una discusión sobre los aspectos hidrogeológicos, pero, sin duda, el proyecto minero Conga plantea otros temas adicionales que deben ser abordados.

El informe final de los peritos internacionales, ¿deja mal parado al EIA del proyecto

Conga, realizado por la empresa minera Yanacocha?

LdC: El mismo peritaje hace un recuento del proceso de aprobación del EIA hecho en 2010. En la página 42, sobre el EIA, dicen que «es un documento cuya lectura supone un reto, incluso para técnicos especializados […] es difícil la localización de datos, gráficos y figuras en sus 17 densos tomos […] es un documento que supera las 27 mil páginas. En estas condiciones, no es de extrañar que los profesionales encuentren dificultades para su entendimiento», dice el informe. Esto nos da cuenta de la complejidad y de este «ir haciendo en el camino» en que se realizó el EIA.

JdE: Si uno ve las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas, en 2010 se aprobaron más de 200 EIA similares, sabiendo además las condiciones precarias en que opera la Dirección General de Asuntos

Ambientales, con poco personal y con poca capacidad para hacer evaluaciones rigurosas. Esta es una luz roja que hay que buscar apagar. Lo que ocurre es que no hay protocolos establecidos; por eso, las empresas abren el proceso y luego van completando la información. Inician el proceso administrativo con información incompleta, partiendo de la idea que el Estado no tiene capacidad para hacer una evaluación rigurosa. Y, por eso, cuando el equipo del Ministerio del Ambiente del cual formé parte revisó el EIA de Conga, nos dimos con varias sorpresas. Una de las lecciones es que estos procedimientos de certificación ambiental deben ser modificados urgentemente.

Ya tenemos un peritaje internacional que establece recomendaciones que no serían tan complicadas para Yanacocha. Entonces, ¿eso significa que Conga va?

LdC: El peritaje hay que ubicarlo en los términos de referencia del contrato de los peritos. Ellos mismos han dicho que a ellos no los llamaron para decidir si el proyecto es viable o no; la decisión está en el Estado. Ellos revisaron el EIA en la parte relacionada con el agua e hicieron una propuesta para mejorar las medidas de mitigación. Yanacocha también debe pronunciarse. Muchas de las recomendaciones serán asumidas con relativa facilidad por la empresa, pero hay otras que suponen hacer nuevos cálculos; por ejemplo, sobre la ampliación de la capacidad de los reservorios, pero, principalmente, sobre lo que significará abandonar su plan de utilizar las dos lagunas como botaderos y poner sus desmontes y relaves en otro lugar. Allí hay costos. Sin embargo, más allá del tema ambiental, también hay que ver la viabilidad económica,