Minería y agricultura: los retos de una difícil convivencia

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Publicado: 2012-12-11

Artículo escrito por Gerardo Damonte (1), para La Revista Agraria

En el Perú, la mayoría de operaciones mineras se encuentran en zonas donde la población local se dedica principalmente a labores agropecuarias de pequeña escala. El desarrollo minero en estas localidades ha traído consigo un conjunto de cambios sociales y económicos que ciertamente han impactado en la vida de los pequeños agricultores. En este escenario, los agricultores locales, las empresas y sobre todo el Estado afrontan un conjunto de retos para hacer viable la difícil convivencia entre minería y agricultura. En particular, podemos reseñar tres retos.

La competencia por el agua y la tierra

El primero es el reto de establecer una correcta regulación en el acceso y uso de recursos naturales locales. Las nuevas técnicas de extracción minera hacen uso de importantes cantidades de recursos, como agua y tierra, vitales para el desarrollo agrícola. La competencia por el acceso y uso del agua ha probado ser uno de los temas que más conflicto ha causado entre las compañías mineras y los agricultores. El caso del proyecto Conga, en Cajamarca, donde buena parte del debate se ha centrado en el uso minero de cuatro lagunas altoandinas —que según los opositores al proyecto dejaría sin agua a gran cantidad de agricultores—, es tal vez el caso más conocido, pero de ninguna manera el único.

La respuesta de muchas empresas ha sido ofrecer compensaciones monetarias y no monetarias por el acceso y uso de recursos locales, pero estas soluciones han demostrado ser insuficientes. Por un lado, las compensaciones monetarias no se han invertido en mejorar el manejo del agua o el acceso a nueva tierra, sino que han terminado fomentando el consumo de bienes suntuarios2. Por otro lado, cuando la empresa ha buscado construir reservorios o entregar nuevas tierras en compensación, ha tenido serios problemas para asegurar suficiente agua o encontrar tierras: en la vertiente occidental de los Andes, donde se ubican la mayoría de minas, la tierra arable y el agua disponible son recursos limitados. Asimismo, las mineras han ofrecido mantener la calidad del agua, pero su capacidad para cumplir esta promesa está en debate.

El impacto económico de la minería en el agro

El segundo reto es evitar que la dinámica económica minera afecte indirectamente la economía agrícola al encarecer la mano de obra y el costo de vida. El pago de la mano de obra minera, ya sea estable o temporal, generalmente es muy superior al de la agrícola. El jornal minero puede duplicar o triplicar el jornal agrícola, por lo que muchos campesinos prefieren esperar una oportunidad de trabajo en la mina antes que aceptar emplearse en el campo, a menos que el pago aumente. Este cambio en el mercado laboral supone un paulatino aumento en el jornal agrícola y, por lo tanto, un encarecimiento en los costos de producción. Cuando los campesinos dependen de jornaleros y tienen márgenes de ganancia pequeños, puede que cultiven a pérdida o sencillamente dejen de cultivar.

Asimismo, los relativamente altos jornales mineros pueden generar un proceso inflacionario en las localidades con mercados poco diversificados. El mayor poder adquisitivo incentiva la demanda. En lugares donde el acceso a mayor cantidad y diversidad de productos tiene un coste significativo, este crecimiento de la demanda redunda en un encarecimiento de los precios. Los pobladores que acceden a algún tipo de empleo minero pueden afrontar el mayor coste de vida, pero para la gran mayoría de agricultores locales el impacto es significativo.

Con menores ganancias por el costo de mano de obra y con un costo de vida más elevado, algunos agricultores pueden pensar en cambiar de rubro: por ejemplo, vender servicios a los empleados mineros. Así, los campesinos pueden encontrar más oportunidades económicas cambiando la lógica productiva agrícola por una rentista, dependiente del desarrollo minero.

Horizontalidad en las relaciones comunitarias

El tercer reto es el institucional: la presencia minera exige, ante el vacío de regulación estatal, que las autoridades campesinas —como presidentes de comunidad o de ronda— negocien en forma directa el acceso y uso de recursos locales. Esto supone un reto político enorme para organizaciones y autoridades que se han formado como ordenadores de labores agropecuarias y no como negociadores locales ante empresas multinacionales con mayores recursos jurídicos y económicos. Por ello, no debería sorprender que muchas autoridades locales se vean sobrepasadas por el encargo y terminen entrando en conflicto con las mineras o con sus propios representados.

Las empresas mineras han buscado asesoramiento profesional para seguir las guías de relacionamiento social preparadas por organismos multilaterales, como las políticas operativas del Banco Mundial, o para establecer políticas nuevas que mejoren su desempeño social. Las corporaciones más responsables han constituido equipos profesionales de relaciones y desarrollo comunitario, así como fundaciones que trabajan con las ONG con el fin de implementar programas de asistencia y desarrollo en los poblados ubicados dentro de lo que consideran su «área de influencia».

Sin embargo, los esfuerzos corporativos han seguido —como es esperable— una lógica de negocios donde la viabilidad del proyecto rige la intervención. Por ello, se hace evidente la falta de plataformas institucionales públicas que puedan regular la relación entre empresas y comunidades locales en el marco de planes concertados de desarrollo a escala local y regional. El Estado debería enmarcar la minería en un plan de desarrollo territorial nacional y no buscar que otras actividades, como la agricultura, se adecuen al desarrollo minero.

Los tres retos planteados surgen en el contexto de un modelo de desarrollo que ha privilegiado la minería sobre la agricultura y la gran agricultura sobre la pequeña. El Estado no ha entendido que para viabilizar socialmente el desarrollo minero debe garantizar también el desarrollo de las labores agrícolas que dan sustento a la mayoría de pobladores en zonas mineras. En este sentido, el gobierno actual tiene el deber de hacer los cambios políticos necesarios que le den contenido a su promesa de establecer una «nueva relación con la minería». ¿Es posible que el desarrollo minero conviva con un desarrollo agrícola como parte de esta nueva relación? Tal vez, pero para ello el Estado debe asumir un rol protagónico en diseñar, impulsar e implementar políticas de regulación minera y fomento de la pequeña agricultura.

Notas

1 Investigador principal de Grade y docente de la PUCP.

2 Aquel bien o producto de lujo cuyo consumo o demanda, ante el aumento en el ingreso real de las personas, incrementa su propio consumo o demanda en una proporción mayor.

Foto: Ybrahim Luna