* Inversión pública en AFC no alcanza ni el 0.2% de los presupuestos totales en América Latina y el Caribe

* Bajos niveles de transparencia y gestión en AFC inciden en pobreza y hambre en la región Lima, 23 de julio 2013.

Un nuevo reporte de Oxfam denominado “De Promesas a Prioridades”, revela que si bien entre los años 1995 y 2010 el sector agropecuario creció en promedio un 3% anual, impulsado por el liderazgo de varios países exportadores de productos agropecuarios y la diversidad de recursos naturales atractivos para la inversión, este aumento no ha beneficiado por igual a los actores que forman parte de esta actividad. Por el contrario, ha contribuido a la inseguridad alimentaria –aún 49 millones de personas se acuestan con hambre cada noche en la región-, la pobreza y el uso insostenible de los recursos naturales.

En este contexto, Oxfam estima que, en promedio, los presupuestos destinados a la agricultura de los países estudiados no alcanzan ni el 5% de los presupuestos nacionales. Al limitado presupuesto, hay que añadir que hasta un 60% de los recursos asignados al sector se quedan sin utilizar por limitaciones institucionales que impiden concretar las acciones y/o programas presupuestados.

“En un contexto de cambio climático, incremento de precios de los alimentos, hambre y políticas públicas de limitado impacto, esta situación es un escándalo evitable que urge resolver a través de políticas que permitan mejorar y transparentar la gestión presupuestaria”, dice Antonio Hill, asesor de políticas de Oxfam para la región.

El caso de la AFC -clave en América Latina y el Caribe como medio de vida, para la seguridad alimentaria y la generación de empleo-, es más preocupante. De acuerdo con Hill, si bien genera más del 50% de los alimentos que se consumen en la región, el gasto público destinado a este sector no alcanza ni el 0,2% de los presupuestos nacionales de los países estudiados.

Si bien la seguridad alimentaria es un tema que se aborda políticamente en los países de la región, el enfoque es más asistencialista que de impulso a la producción de alimentos. Son los casos de El Salvador, México y Nicaragua, cuyas políticas se enfocan principalmente en apoyar el ingreso de las poblaciones vulnerables y el acceso a alimentos básicos mediante ayuda alimentaria, con una orientación más asistencialista que productiva.

“Es importante reorientar el gasto público en agricultura, hacia un modelo productivo que tenga como puntos clave la resiliencia, la sostenibilidad y una justa distribución de los recursos. Pero no se trata solo de incrementar el gasto público. Se deben desplegar esfuerzos para redistribuir los recursos disponibles de forma justa y respondiendo a las necesidades de los diferentes tipos de productores/as, a través de líneas diferenciadas de acción”, dice Hill.

América Latina y el Caribe: Lejos de la transparencia presupuestaria

La transparencia presupuestaria es una condición clave para mejorar el gasto público y la calidad de vida de millones de personas. En su informe “Las Cuentas no Cuentan”, Oxfam evalúa a 10 países de la región y presenta un índice de transparencia en el gasto en la AFC. En líneas generales, se evidencia que ninguno de los países estudiados cumple con las condiciones óptimas de transparencia y gestión presupuestaria.

Brasil, México y Perú, son los países que obtienen un mejor puntaje en el índice pero ninguno supera el 62% de las condiciones claves que se proponen en el informe. Para todos los países de la región, es un reto generar información comprensible para productores/as y otros ciudadanos interesados.

Los países con los más bajos puntajes del índice –Bolivia, Colombia, Haití, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana-, deben invertir en reformas presupuestarias orientadas a mejorar su gestión e incrementar la transparencia en general, garantizando una planeación estratégica de sus presupuestos de gastos.

“Sin transparencia y una adecuada gestión presupuestaria que implique procesos participativos, los pequeños/as productores/as no tienen cómo incidir sobre el gasto público que los afecta. Los retos pendientes son darle mayor prioridad a las políticas de transparencia presupuestaria en general, cumplir con las normas y obligaciones relevantes que ya existen y promover espacios formales descentralizados que permitan a los pequeños productores/as participar en la formulación, monitoreo y evaluación del gasto público”, sostiene Hill.

Más información en: http://www.perurural.org/crece/