En nuestro país, las principales causas de conflictos sociales tienen relación con el sector agrario(1) y de industrias extractivas. Dependiendo de la fuente de información, en promedio, esta clase de conflictos representa un 70% u 80% del total. Sin embargo, todavía es necesaria una discusión más profunda sobre la situación de la conflictividad existente en el Perú, tanto en términos del número real de conflictos, como en cuanto a sus causas, escenarios, protagonistas e intereses en disputa. En este artículo pretendemos aportar a dicho debate a partir del análisis de los reportes de conflictos sociales publicados por la Defensoría del Pueblo  (DP) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). 

Desde el año 2004, la DP publica un reporte mensual de conflictos sociales que destaca por la predominancia de los denominados “conflictos socio-ambientales”(2). Sin embargo, con el paso de los años, la tipología de conflictos sociales utilizada por la DP, en particular el tipo “conflicto socio-ambiental”, no aporta a identificar el origen real de las disputas existentes y tampoco permite conocer los verdaderos rostros e intereses que están en juego tras la mayoría de ellas.

La definición de conflicto socio-ambiental utilizada por la DP3 se diluye en medio de un discurso ambientalista que es utilizado por actores privados para encaminar sus demandas “de fondo”, pero que por eso mismo, no debería ser reproducido por el Estado sin mayor reflexión.

Así, casos como el de los proyectos mineros Conga o Tía María son presentados a la opinión pública como “conflictos socioambientales”. Sin embargo, en la raíz del conflicto hay mucho más que un problema ambiental, pues también tiene que ver con el acceso y control territorial de la tierra y el agua existente en la zona. Por esa razón, la elaboración o aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de ambos proyectos no han sido determinantes para la solución de los conflictos.

Como esos casos, ¿cuántos más del total de conflictos registrados por la DP como “conflictos socio-ambientales” tendrán en juego el acceso y control político, económico, social y/o cultural de la tierra y el agua? Para este artículo ahondamos en los seis (6) últimos reportes defensoriales y encontramos que, al menos 50% del total de conflictos socioambientales registrados (activos y latentes) tienen relación con el control territorial de la tierra y/o agua. No descartamos que en el 50% restante también existan disputas por el acceso y/o control de ambos recursos, pero la etiqueta “socio-ambiental” del conflicto no ayuda a advertir sus verdaderas causas e intereses en juego (ver cuadro 1).

Esperábamos que con el funcionamiento de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, el monitoreo de los conflictos sociales en el Perú se perfeccionase. Sin embargo, muchas de las dificultades detectadas en el caso de la Defensoría del Pueblo se repiten en el monitoreo de la PCM.

Hasta la fecha son doce (12) los reportes de conflictos sociales emitidos por la PCM bajo el título de Willaqniki (‘el que avisa’). Estos resaltan por el número significativamente menor de conflictos registrados en comparación a los reportes defensoriales, como se puede ver en la infografía. En promedio, en los últimos seis meses, el reporte de la PCM registra 62 conflictos, cuando, en el mismo período, la DP reconoce aproximadamente 174. ¿Por qué tanta disparidad en las cifras? Existen diferencias conceptuales y metodológicas en la forma de recojo y reporte de los conflictos por parte de la DP y la PCM. Para empezar, la PCM ha excluido de su tipología de conflictos el término genérico “socio-ambiental” y, en su lugar, organiza los conflictos según tengan relación con el sector extractivo, agrario y laboral principalmente.

En segundo lugar, los reportes de la PCM ponen la mirada sobre los conflictos sociales entre privados, e implícitamente exceptúan los conflictos donde interviene activamente el gobierno (central, regional y local), con lo cual un buen número de conflictos actualmente existentes, y registrados por la DP en su reporte, desaparecen(4).

Finalmente, el sentido preventivo que busca dar la PCM a su intervención en materia de conflictos sociales, claramente declarado desde el título de sus reportes, puede ocasionar que varios de los casos catalogados por esta institución como “en prevención” sean en realidad conflictos activos que el gobierno atiende.

De todos modos, incluso con esas diferencias metodológicas y conceptuales, los reportes de la DP y la PCM coinciden en un punto importante: proporcionalmente, el número de conflictos relacionados con el sector agrario y de industrias extractivas (ver cuadros 2 y 3), forman parte del grueso de conflictos sociales existentes en la actualidad, entre el 70 y 80% del total.

Hay que insistir en que esta evidencia tenga un mejor tratamiento y que los reportes que emiten las instituciones del Estado nos permitan, al fin, conocer las causas de fondo, escenarios, protagonistas e intereses frecuentes asociados con la conflictividad social en el Perú. Por lo pronto, nuestra breve revisión de casos nos ha dado una pista de que buena parte de ellos tienen relación con el acceso y control territorial de la tierra y el agua.

Notas

1 En este sector agrario incluimos los conflictos agroindustriales, hídricos y forestales.

2 En casi una década, su número siempre ha estado por encima del 50% del total de conflictos.

3 Que incluye a todos los conflictos cuya “dinámica gira en torno al control, uso y/o acceso al ambiente y sus recursos.

4 Buena parte de estos conflictos donde el gobierno es protagonista tienen relación con la implementación o modificación de normas, cumplimiento y ejecución de acuerdos, actas, Etc.

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