Artículo escrito por Alberto García(1) para La Revista Agraria 

El pasado 28 de diciembre, el Gobierno aprobó la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 (Decreto Supremo 021-2013-MINAGRI) y, de paso, derogó la anterior Estrategia Nacional 2004-2015. Con esta medida concluye en el Perú un largo proceso dirigido a dotar al sector público de un marco programático que oriente su accionar en el nivel nacional y descentralizado, con propósitos y metas claras en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

La estrategia derogada (ENSA) —en su día, un avanzado instrumento de ordenamiento de políticas y recursos— fue resultado de una amplia consulta a especialistas y responsables de instituciones públicas y privadas con responsabilidad en la materia, pero la falta de voluntad política y de una institucionalidad adecuada de soporte y seguimiento impidió que fuese empleada de manera sistemática.

Deficiencia en políticas de seguridad alimentaria

Circunstancialmente, la realización en Lima, en 2011, poco antes del cambio de gobierno, de la Quinta Reunión de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre2, puso en evidencia que, en el ámbito de la región, el Perú era uno de los países con más pobre dotación en términos de normativa, políticas públicas e institucionalidad en seguridad alimentaria y nutricional (SAN). Los apresurados esfuerzos del gobierno saliente (se alcanzó a elaborar un Plan Nacional de SAN y un anteproyecto de ley) se perdieron en los confusos trámites de transferencia de gobierno.

Recién en octubre de 2012 se llega a conformar la Comisión Multisectorial de SAN, en cuyo ámbito se elabora la Estrategia Nacional 2013-2021. Quedan pendientes el correspondiente Plan Nacional y la Ley de SAN. La aprobación de esta última por el Congreso ha quedado postergada, con pronóstico incierto, luego de que estuviera a punto de ser sancionada al término de la legislatura pasada. Queda pendiente también definir la configuración definitiva de la gestión institucional de la política de SAN, puesto que la actual conducción a cargo del Minagri puede variar de aprobarse la Ley de SAN. ¿Cómo nos coloca este balance con relación al resto de países andinos?

Los países de la región nos aventajan legalmente

Con independencia del contenido, y sin pretender levantar un juicio de valor sobre su pertinencia y eficacia, es claro que Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela cuentan con un mejor y más sólido marco legal normativo, un cuerpo de estrategias y políticas y un sustento institucional para enfrentar los problemas derivados de la inseguridad alimentaria y nutricional(3).

En términos de marco legal y normativo, Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen legislación expresa en la materia, mientras que Colombia no posee un marco legal explícito.

En orden cronológico de emisión de nomas legales, Venezuela cuenta desde 2008 con una Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria que declara de utilidad pública e interés social las actividades que aseguren la disponibilidad y acceso oportuno de la población a los alimentos inocuos, de calidad y en cantidad suficiente. Ecuador promulgó en 2009 la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria, que tiene como objeto establecer mecanismos para que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. En 2011, Bolivia aprobó la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria, cuyo objeto es establecer las bases institucionales, políticas y mecanismos técnicos y financieros de la producción de productos agropecuarios, priorizando la producción orgánica.

Políticas y estrategias aplicadas en la región

Con relación a las políticas de SAN, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia aplican estrategias diferenciadas.

En Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 incorpora como objetivo del Estado el impulso de condiciones productivas para el logro de la soberanía alimentaria, y sirve de marco a la política sectorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca y al Programa de reducción de las barreras de acceso a la alimentación y reducción de la desnutrición.

Colombia cuenta con el más completo acervo de mecanismos de política en la materia. Aprueba en 2008 la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, orientada a contribuir a la disminución de las desigualdades sociales y económicas asociadas a la inseguridad alimentaria y nutricional, y emite en 2013 el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Junto a estos instrumentos se ha aprobado un conjunto de políticas de sanidad e inocuidad para cadenas productivas y de generación de ingresos de población vulnerable.

Venezuela implementa el Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria 2006-2015, que orienta la política agrícola y de soberanía y seguridad alimentaria nacional, y ha dictado disposiciones específicas sobre agricultura alimentaria en el Plan Estratégico de la Nación 2007-2013. En Bolivia, la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria de 2007 está orientada a potenciar las capacidades productivas de los territorios rurales y la transformación de los sistemas productivos, y se plantean metas de reducción de la pobreza, la desnutrición y el analfabetismo, y otras relativas a saneamiento básico.

El marco institucional sobre SAN en países vecinos

En cuanto al marco institucional, los países andinos han establecido sistemas y estructuras de gestión de la SAN —algunos con un fuerte componente participativo, como en los casos de Ecuador y Bolivia—, que, en su mayor parte, cumplen varios años de funcionamiento.

En Ecuador, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), creada en 2009, es la instancia de debate, veeduría y generación de propuestas, integrada por representantes de la sociedad civil, cuya principal función es promover la formulación de políticas públicas y proyectos de ley en materia de soberanía alimentaria. Copisa establece coordinaciones con las entidades del Poder Ejecutivo encargadas de la implementación de las políticas y con los gobiernos autónomos descentralizados. En Bolivia, el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (Conan), creado en 2003 y reestructurado en 2006, tiene el objetivo de impulsar la participación de la sociedad civil y las organizaciones sociales, junto con instituciones del sector público, para la formulación y seguimiento de las políticas de alimentación y nutrición.

En Colombia, la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan) está encargada de dirigir y coordinar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de servir como instancia de concertación, armonización de políticas y seguimiento a las decisiones tomadas en el marco de la política de SAN. Está integrada por diversos ministerios vinculados a la alimentación, nutrición y lucha contra la pobreza. En Venezuela, desde 2007, el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación se encarga de las políticas en materia de comercio, industria, mercadeo y distribución de alimentos, así como de regular la exportación e importación de alimentos, con fines de seguridad alimentaria.

De lo revisado se desprende que para alcanzar los avances normativos e institucionales en SAN del resto de países andinos, en el Perú debemos recuperar el tiempo perdido. Si bien 2013 fue declarado Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria, esa fórmula no bastó para consagrar pautas básicas en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Este año se ha iniciado con modestos avances, pero tal vez una mayor difusión de los progresos políticos e institucionales de los países andinos en materia de SAN —países con los que compartimos parecidos problemas y desafíos— pueda estimular en el Gobierno y en los congresistas la adopción de decisiones y medidas que sienten las bases de un esfuerzo de movilización e inversión efectiva en seguridad alimentaria y nutricional.

Notas

1 Consultor de la representación de la FAO en Perú.

2 La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre es un compromiso de los países de la región, promovido por la FAO, para erradicar el hambre en el plazo de una generación.

3 Seguridad alimentaria y nutricional: impactos, implicaciones y oportunidades para América Latina y el Caribe (LARC/12/2). <http://www.fao.org/docrep/meeting/024/md124s.pdf>.

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