Entrevista de Carla Calderón - Urquizo Larco (CEPES)

En los últimos años, el uso de plaguicidas se ha incrementado debido a que una serie de enfermedades ha afectado varios cultivos de todo tipo en nuestro país. Sin embargo, el uso de plaguicidas está siendo cuestionado en varios países, donde las regulaciones son cada vez más severas. La principal crítica contra los agrotóxicos es por su comprobada nocividad en la vida humana debido a su alto nivel de contaminación.  

A pesar de estos cuestionamientos, hace unos días, los congresistas y el Poder Ejecutivo realizaron varias modificaciones a la vigente ley Nº 1059, Ley de Sanidad Agraria, con el objetivo de facilitar la importación de plaguicidas. Dicha iniciativa legal simplifica los procedimientos y reduce los costos para que los agricultores importen directamente plaguicidas genéricos para el uso agrícola.

Sin embargo, organizaciones campesinas alzaron su voz de protesta ante esta medida gubernamental, solicitando al presidente de la República, Ollanta Humala, no promulgar una norma que atenta contra la tendencia mundial de proteger la salud pública debido a que estos productos son altamente dañinos para la salud. Los campesinos también han criticado la suspensión de la decisión Nº 436 (de la Comunidad Andina de Naciones, CAN), una norma que regula el uso y control de plaguicidas desde el año 2002.

La decisión Nº 436 ha sido suspendida hasta diciembre, lo cual significa que la importación de productos agrotóxicos ingresará a nuestro país sin un debido control. Ante esto, Antolín Huáscar, presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), critica este preocupante hecho.

En los últimos años se ha presentado una fuerte demanda por plaguicidas en el sector agropecuario. Esto se debe a la aparición de diversas plagas en la producción, un ejemplo claro es la roya amarilla ¿Qué es lo que más le preocupa sobre esta situación?

Antolín Huáscar: Debido a que nuestro país utiliza bastante estos productos, en los últimos años, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha tenido debates con el Estado, para frenar y hacer cumplir las normas establecidas para el uso e importación de plaguicidas. A pesar de que nuestro país ha intentado cumplir la Ley Nº 1059 de Sanidad Agraria, lamentablemente el Poder Ejecutivo ha buscado cambiar varias normas de la Ley, lo cual representa un peligro para la salud en el sector rural. Considero que se debe dar un alto a este problema porque, en este tema, los únicos beneficiados son las grandes empresas que venden estos productos agrotóxicos. Lo que solicitamos es que el Ministerio del Ambiente, representante del Estado en estos temas, escuche el pedido de las organizaciones que pertenecemos al sector agrario nacional.

Sobre la Ley Nº 1059, de Sanidad Agraria, ¿se está cumpliendo lo establecido por esta Ley en lo que se refiere al control en el uso y compra de agrotóxicos?

A. Huáscar: No. En lugar de controlar, están abriendo la puerta para que medianos y grandes agricultores puedan importar productos tóxicos. No están regulando ello. Quiero destacar que el Congreso planteaba retirar ciertos productos altamente tóxicos. Esto no les gustó a los empresarios y empezaron a hacer lobby. Y el Poder Ejecutivo, lejos de hacer respetar la Ley 1059, pide a la CAN suspender la decisión Nº 436, la cual establece un debido control a los productos agrotóxicos que se importan a nuestro país.

Sobre la decisión Nº 436… ¿en qué consiste específicamente esta decisión de la CAN?

A. Huáscar: Es una norma que regula el uso excesivo de productos agrotóxicos en el sector agrícola. Sabemos que la empresa Bayer, entre otras, han importado productos al Perú que no tienen el permiso de ser utilizados en otros países, propiamente en Europa. Sin embargo, a países en vías de desarrollo, lo mandan y utilizan. Por ello, la CAN exigía, de una u otra manera, que se cumplieran diversos estándares de control. Pero, parece que eso no les ha gustado a los empresarios. Se crearon lobbys para que estos productos sigan ingresando a nuestro país.

El Minagri pidió que se suspenda la aplicación de la decisión Nº 436 y la CAN decidió suspenderla ¿Qué opina al respecto?

A. Huáscar: Me pregunto: ¿qué peso tienen las empresas privadas de productos químicos y altamente tóxicos? . En la actualidad estamos luchando contra la contaminación. Trabajamos de forma conjunta con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio del Ambiente, en el tema del medio ambiente y el cambio climático, con miras a la COP 20. Nosotros queremos que el Estado asuma y exija a las empresas importadoras, una serie de controles de calidad y determinar qué productos pueden ingresar y ser utilizados en la agricultura nacional. Pero, lejos de hacerlo, el Estado ha hecho una alianza fuerte con empresas importadoras para imponer a la CAN la suspensión de la decisión Nº 436. No estoy de acuerdo en que una norma que beneficia al país y al sector agrario se suspenda hasta fin de año. Desde mi punto de vista, es un abuso que están cometiendo las autoridades.

¿Su organización tomará alguna medida ante este tema? 

A. Huáscar: Nosotros vamos a enviar una carta al secretario de la CAN. Ya enviamos una carta al Congreso de la República, al presidente de la República, a los dos ministerios involucrados en este tema —Ambiente y Agricultura y Riego—. Alegamos que nos parece extraño que hayan pedido la suspensión de la decisión Nº 436. Como organizaciones campesinas y agrarias trabajamos temas de agricultura sostenible, por eso vamos a insistir en que se promueva el uso de abono orgánico, y que el Estado sea participe de ello. Al utilizar agrotóxicos, los productos se ven afectados y, por ende, la salud de la población.

Una de las modificaciones de la Ley Nº 1059, es facilitar la importación de las semillas, y la simplificación de los procedimientos y reducción de costos para que los agricultores puedan importar directamente plaguicidas genéricos de uso agrícola ¿Cuáles serían los riesgos de esta medida?

A. Huáscar: El peligro es que se abran las puertas para los pesticidas y plaguicidas importados que son altamente tóxicos. Por eso me pregunto ¿qué peso tienen estos productos agroquímicos? Desde mi punto de vista hay un fuerte lobby y corrupción. Les digo a todos los productores de nuestro país, que no se sorprendan cuando las leyes son dirigidas al beneficio de grandes corporaciones, que se benefician a costa de los peruanos y al final nos dejan enfermos y descapitalizados.

¿Esto significa que los importadores podrían evadir las evaluaciones que se exigen para el registro de plaguicidas?

A. Huáscar: Sí, porque la misma Ley los está obligando. Y eso también pone en riesgo nuestra agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Pero en el Congreso no hay ni siquiera la voluntad de aprobar la Ley de Seguridad Alimentaria. Definitivamente al Estado no le interesa la seguridad y soberanía alimentaria del país, porque simplemente desean que grandes empresas inviertan en el país y nos van a convertir en consumidores y no en productores. Esto representa un peligro para el desarrollo del agro en nuestro país.

¿Usted afirma que existe un lobby de diversas empresas detrás de la discusión sobre la importación de plaguicidas? ¿Cuáles son los intereses de estas empresas y quiénes son?

A. Huáscar: Las empresas que tienen un fuerte lobby en el país son conocidas, por ejemplo Bayer, Monsanto y otras. Es evidente que tienen agentes vendedores y ganan mucho dinero en nuestro país.

Según algunos especialistas en plagas, en nuestro país existen 100 especies de plantas que se podrían utilizar como plaguicidas naturales ¿Considera ello una buena alternativa?

A. Huáscar: La Confederación Nacional Agraria (CNA) está trabajando más de 12 años en este tema. Estamos trabajando en Cusco, Junín, Ayacucho, Ancash donde hemos tenido una buena experiencia y tenemos bastante promotores. Actualmente estamos en Huánuco con excelentes resultados.