Artículo escrito por Pedro Castillo(1) para La Revista Agraria 

El gobierno del presidente Humala parece correr contra el tiempo en su intento de reactivar la economía. No terminan de discutirse las últimas medidas económicas y ya se está anunciando un nuevo paquete de ellas, el cual —según argumentan los voceros del gobierno— fortalecería el crecimiento macroeconómico y ayudaría a destrabar proyectos de gran inversión que, incluso, vienen de administraciones pasadas. 

Sin embargo, queda claro que el Gobierno central piensa favorecer, casi de manera exclusiva, a la inversión privada, incluso al margen de derechos reconocidos en nuestra legislación. Un ejemplo de ello es la publicación de la Ley 302302, en julio último, conocida como del «paquetazo reactivador», norma que establece una serie de «medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país», y que, como bien han denunciado una serie de colectivos de la sociedad civil y organizaciones indígenas, tiene un impacto negativo en materia de derechos a la tierra.

La norma en cuestión, Ley 30230 

Publicada el 12 de julio —con una redacción sumamente imprecisa y hasta ambigua—, posee 103 artículos, de los que casi la tercera parte (desde el título III hasta las disposiciones finales, transitorias y derogatorias) se dedican al saneamiento físico legal de tierras involucradas en proyectos de inversión.

La ley se cuida de señalar en forma expresa qué tipo de derecho otorgará a los inversionistas respecto a los predios que el Estado piensa sanear. Sin embargo, el saneamiento físico legal que se propone realizar no es otra cosa que el otorgamiento de derechos de propiedad (titularidad de dominio) sobre la tierra, lo que en buena cuenta significa que el empresario se podría convertir —gracias a la ambigüedad de la norma— en el propietario del predio donde realice sus actividades; es decir, aquel obtiene el camino libre para convertirse en el titular de las tierras donde tiene una concesión minera (Andes), una de hidrocarburos o una forestal (selva), sin importar los derechos allí existentes.

Con estos procedimientos especiales, creados específicamente para ellos, los inversionistas podrán solicitar la propiedad de las tierras donde realizan directamente sus actividades (influencia directa), o de las zonas aledañas al proyecto que las empresas consideren necesarias para sus operaciones (influencia indirecta).

Crisis institucional

Uno de los lastres del Perú es la falta de institucionalidad. Un país sin reglas claras ni gente que las respete genera una sensación de desgobierno. Así lo entiende el Ranking de Competitividad Mundial 2014, elaborado por The World Economic Forum (WEF)3, conforme al cual el Perú ha caído cuatro puntos respecto a años anteriores, sobre todo debido a la fragilidad del parámetro institucional que presenta. Esta falta de institucionalidad —señalan expertos— ahuyenta las inversiones necesarias para seguir creciendo como país.

Sin embargo, no es sino el Estado quien genera esta situación. Recordemos que recién en enero de 2013 se había restituido —mediante el Decreto Supremo 001-2013-AG— la rectoría en materia de tierras al Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri). Por eso, no se entiende cómo, con la norma del paquete reactivador, el Ejecutivo le otorga facultades similares al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), dependiente del Ministerio de Vivienda, a fin de que pueda diseñar procedimientos para sanear tierras, colisionando —como es evidente— con el Minagri, el que incluso iniciará en los próximos meses todo un proceso de titulación de tierras.

También llama la atención el hecho de que el Ministerio de Cultura (Mincul) y su Viceministerio de Interculturalidad hayan sido excluidos de este proceso. Esta institución, en la práctica, debe velar por los derechos de los pueblos indígenas (representados mayoritariamente por las comunidades campesinas y nativas), siendo ellos los que probablemente sean los mayores perjudicados. ¿Participaron, tanto el Mincul como su viceministerio, de la creación de esta norma, o se los saltaron con garrocha como al Minagri?

En el colmo de las contradicciones, la norma del paquetazo reactivador excluye al Minagri del proceso de formulación de su reglamento: solo están Cofopri y la Superintendencia de Bienes Nacionales (ambos de Vivienda), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) (de Justicia) y Provías Nacional (de Transportes). Es decir, el ente rector en materia de tierras y saneamiento de la propiedad rural está fuera. El debilitamiento de la institucionalidad, entonces, es ocasionado por el propio Estado, que no respeta las reglas que va creando. ¿Acaso la Ley 30230 no es para promocionar y dinamizar la economía nacional? ¿Se puede promocionar la inversión cuando el país tiene una institucionalidad precaria?

El nuevo proyecto de titulación de tierras 

El pasado 5 de setiembre, el Minagri organizó una reunión para presentar el Proyecto catastro, titulación y registro de tierras rurales en el Perú, tercera etapa (PTRT3), en la que participaron representantes de la sociedad civil y gremios agrarios e indígenas. El objetivo es titular a 441,093 predios individuales, 190 comunidades nativas y 190 comunidades campesinas de la sierra, para lo cual se cuenta con un préstamo de US$40 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Las preguntas surgen de manera inmediata. ¿Qué piensa titular el Minagri? ¿Los saldos que deje Cofopri cuando empiece a otorgar derechos a favor de los inversionistas? Cuando exista superposición de derechos, ¿qué título tendrá mayor valor? ¿El de Cofopri o el del Minagri? ¿El del inversionista o el del pequeño agricultor? Las respuestas pueden deducirse fácilmente.

Conflictos sociales

Desde las últimas décadas, en materia de tierras, la tendencia del Estado es la misma: liberalizar su tratamiento al máximo y desconocer los derechos de las personas que más dependen de ellas —las comunidades y agricultores familiares—, para favorecer a las grandes inversiones.

Desde Fujimori, Toledo, García, y ahora Humala, cada uno, a su turno, ha publicado normas que han modificado las condiciones legales a través de las cuales el Estado peruano garantizaba los derechos sobre la tierra. Esta vez han sido reemplazadas por medidas que promocionan su uso intensivo mediante proyectos de explotación de recursos naturales.

El llamado «paquetazo reactivador» está en la línea del cuestionado discurso del «síndrome del perro del hortelano»4, pero incluso va más allá: ya no se trata de vender las tierras para traer inversión o tecnología, como señalara García en 2007; ahora es necesario entregarlas en propiedad —sin respetar las normas vigentes, la Constitución y los tratados internacionales— a los inversionistas, con el argumento de dinamizar nuestra economía. Si esto significa «destrabar los proyectos», no hemos aprendido nada de los pasados conflictos sociales. El «Baguazo» sucedió por menos.

Notas

1 Investigador del Cepes en temas relacionados a comunidades campesinas, tierra y agua.

2 Puede descargar y revisar la ley en: http://bit.ly/1rggjr7 

3 Fundación sin fines de lucro, con sede en Ginebra (Suiza), donde los principales líderes empresariales, políticos internacionales y periodistas e intelectuales analizan problemas mundiales, como la salud y el medioambiente.

4 Artículo escrito por Alan García, durante su segundo periodo presidencial (diario El Comercio, 27.10.2007).

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