Artículo escrito por Miguel Ángel Pintado para La Revista Agraria 

En julio de 2013 se aprobó el Decreto Supremo 166-2013-EF, que establecía la obligación de que los trabajadores independientes que no superasen los 40 años se afiliaran a un sistema de pensiones. Más allá de las controversias que giran en torno al decreto, subyace una preocupación política sobre la seguridad social de aquellos trabajadores (los independientes) que se encuentran fuera de un régimen laboral formal que prevea la estabilidad de sus ingresos futuros cuando dejen de trabajar. En 2013, según datos del INEI, los trabajadores independientes en el Perú eran 5’413,655, representando el 35% de la PEA ocupada nacional. De estos, solo el 18% (alrededor de 822 mil personas) aporta al sistema de pensiones, mientras que el 82% que no lo hace (y si no lo hace en el futuro) no recibirá ningún ingreso por pensión cuando se retire.  

Si el trabajador independiente está vinculado a una actividad que le rinde altos ingresos en el periodo laboral, es probable que su nivel de ahorro durante ese periodo le permita cubrir sus necesidades de efectivo cuando se retire. Sin embargo, si la actividad a la que se dedica le genera limitados excedentes para el ahorro, entonces la liquidez en el tiempo de cese laboral puede ser un grave problema. Precisamente, este último es el caso del sector agropecuario.

Asegurando el futuro

Empecemos por examinar la situación actual de todos los ocupados, independientemente de su categoría ocupacional, en cuanto a la previsión de una pensión futura (ver cuadro 1). La población económicamente activa ocupada (PEA ocupada u ocupados) la conforman todas las personas que, contando con 14 años como mínimo, se encuentran trabajando para la producción de bienes y/o servicios durante un periodo de referencia determinado. En el Perú, dicha población alcanza las 15’683,616 personas, de las cuales el porcentaje mayor trabaja en actividades agropecuarias (3’759,261). Sin embargo, en esta rama, solo 389,716 trabajadores (10% del sector agropecuario) declaran aportar a algún sistema de pensiones. La baja tasa de afiliación, en comparación con las otras ramas, se debe sobre todo a la naturaleza del sistema, cuyos mecanismos de afiliación fueron pensados, fundamentalmente, para trabajadores asalariados (descuentos por planillas). Dado que existe una baja concentración de trabajadores asalariados, en general, en los espacios rurales y, en particular, en el sector agropecuario, se explica el número limitado de la tasa de afiliación. Otro factor es el desinterés del sistema de pensiones en apostar por un sector agropecuario donde existe un bajo nivel de ingresos de los trabajadores que no les permite incluir el bien «aporte para pensión» dentro de su presupuesto o canasta de bienes prioritarios. Investigaciones posteriores podrían ayudar a aclarar estas causas.

Desamparo presente

Una manera más completa de observar el actual problema de seguridad social que afecta mayoritariamente al sector agropecuario es la construcción de una pirámide de edades de la PEA ocupada. En el gráfico de pirámide hemos dividido, con fines comparativos, a la PEA ocupada nacional en dos: los ocupados del sector agropecuario y los ocupados de las demás ramas de actividad (pesca, minería, manufactura, etc.)2. Se observa que, en estas últimas, la mayor proporción de ocupados se concentra en edades intermedias (88% en las edades 18-59) y solo una pequeña proporción en los menores de edad y en los adultos mayores de 60 años (12%). En contraste, en el sector agropecuario, el 74% de los ocupados se concentra en edades intermedias, el 10% son menores de edad y el 16% adultos mayores. Nótese que los ocupados del rango de edad «65 a más» en el sector agropecuario representan el 10%; es decir, son más de 241 mil hombres y 172 mil mujeres los que, en este sector, aun contando con la edad de jubilación, continúan trabajando en la actividad. Sin duda, la población dedicada a actividades agropecuarias es, en su mayoría, adulta y con gran participación de adultos mayores, incluso mucho más que en otras actividades de la economía. Esta situación, sumada a la bajísima tasa de afiliación, convierte al sector agropecuario en el sector más desprotegido.

Desprotegidos agropecuarios: ¿quiénes son y dónde están?

Como se presentó en el cuadro 1, solo el 10% de los ocupados agropecuarios está afiliado; es decir, el 90% restante se encuentra desprotegido, pues no aporta ni a un sistema público ni a un sistema privado de pensiones. Precisamente, en el cuadro 2 presentamos mayores detalles de estos ocupados desprotegidos: quiénes son (en qué categoría ocupacional son clasificados) y dónde se ubican (cómo se distribuyen según regiones naturales).

Observamos que la categoría ocupacional que presenta la mayor cantidad de ocupados no afiliados es la de trabajador familiar no remunerado: más del 90% de los TFNR no aporta al sistema de pensiones en las tres regiones. La razón que está detrás tiene que ver con la condición de dependencia de estos ocupados: la mayoría son hijos o familiares que dependen económicamente del conductor, muchas veces con un salario mínimo o, incluso, sin recibir uno, por lo que el aporte es casi nulo. En el caso de los conductores (que integra las categorías empleador e independientes), se establecen diferencias regionales: la costa es la que presenta un menor porcentaje de no afiliación, en comparación con la sierra y la selva, debido, probablemente, a menores costos de transacción de afiliación (dada la cercanía a espacios urbanos), al mayor nivel de ingresos de los ocupados (a partir de otras actividades complementarias de la agropecuaria), etc., lo cual puede incrementar los incentivos para el aporte voluntario.

Por último, la afiliación de los asalariados (empleados y obreros) en la costa es claramente mayor que en la sierra y la selva: tan solo el 6% de los empleados de la costa no aportan, así como el 59% de los obreros. Resulta evidente que la concentración de empresas agroindustriales, agroexportadoras, predios de gran tamaño, y la mayor capitalización, juegan un rol crucial en este mayor aporte de la costa. La diferencia entre las tasas de aporte entre empleados y obreros quizá esté ligada a su definición, en la medida en que los empleados tienen mayor estabilidad laboral que los obreros. Por ejemplo, es típico que un empleado del sector tenga una remuneración por un periodo predeterminado de tiempo (en una empresa agroindustrial, por ejemplo), mientras que un obrero percibe jornales de trabajos eventuales (en varios predios, por ejemplo).

En conclusión, el problema de la seguridad social es particularmente urgente en el sector agropecuario (el 90% de los ocupados está fuera del sistema de pensiones). En un sector caracterizado por ingresos bajos, poca conectividad, gran proporción de trabajadores adultos y adultos mayores, y escasa presencia de trabajo asalariado —sobre todo, en la sierra y la selva—, la afiliación a un sistema de pensiones implica un gran desafío que el presente y los futuros gobiernos deben afrontar.

Nota

1 Miguel Pintado, economista. Investigador del Cepes.

2 Tómese en cuenta, para la lectura de la pirámide: 1) cada pirámide es independiente de la otra; en la pirámide del sector agropecuario, el 100% comprende los 3’759,261 ocupados del sector, mientras que en la de los demás sectores, el 100% comprende los 11’924,356 ocupados restantes; y 2) cada barra (de una pirámide) grafica el porcentaje de ocupados (ya sea hombre o mujer) con el rango de edad específico sobre el total de ocupados (el 100% de la pirámide analizada). Por ejemplo, si quiero saber qué porcentaje de los ocupados agropecuarios mayores de 60 años son hombres, se deben sumar las dos primeras barras verdes correspondientes a los hombres: 6% (65 a más) y 3% (60-64); es decir, el 9% de los ocupados agropecuarios son hombres mayores de 60 años de edad.

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