Artículo escrito por Averill Roy (1)

Scribd: http://bit.ly/1wv9OCQ

En las postrimerías de los años sesenta, el Perú adoptó una de las reformas agrarias más radicales de América del Sur. Posteriormente, la mayoría de las cooperativas, debilitadas por las crisis de los años setenta y las disfunciones internas, se desmantelaron y las tierras se distribuyeron entre sus miembros, lo que dio lugar a una cantidad importante de pequeñas explotaciones agrícolas.

A partir de finales de los años ochenta, numerosos observadores identificaron la costa peruana como una región rentable para la inversión. Las restricciones jurídicas a la llegada de nuevos capitales privados fueron suprimidas poco a poco por los diversos gobiernos, con el objetivo de desarrollar una economía de mercado y acelerar la comercialización de los derechos sobre la tierra.

Cabe citar el caso de la región Piura, que desde 2008 empezó a captar la atención de la inversión nacional e internacional con miras a la ejecución de proyectos agrícolas de caña de azúcar encaminados a producir bioetanol. La región reúne unas condiciones agrícolas excelentes debido a la abundante insolación y al caudal del río Chira, que irriga de forma constante las parcelas. Por ejemplo, la productividad de la caña de azúcar prácticamente duplica la del Brasil o la de Estados Unidos. Dichos proyectos, que recurren a los últimos adelantos en materia de técnicas de producción, son señalados como una agricultura moderna e impulsora del crecimiento en la región.

En la actualidad, Piura concentra una gran parte de la producción de bioetanol del Perú gracias a estos casos de la agricultura moderna establecidos en la zona costera. Pero las recientes inversiones agrícolas se están instalando en una región en la que predomina la agricultura familiar. ¿Son la mejor opción para el desarrollo agrícola de la región?

Proyectos agroindustriales que se presentan como generadores de empleo

Esas inversiones se establecen en un valle dominado por la pequeña explotación agrícola. En el valle del Chira, cerca del 95 % de los predios disponen de menos de 10 hectáreas (Cenagro, 2012). El acceso de esas pequeñas explotaciones (esencialmente familiares) al crédito, la formación y la asistencia técnica es limitado. La producción agrícola en el valle del Chira es diversificada, a saber: arroz, banano orgánico con certificación de comercio justo, limones, mangos, aguacates y otras frutas y verduras. Asimismo, hay algunos criadores de ganado ovino y bovino. Pero entre las explotaciones familiares predomina la producción de arroz, banano y limones en las márgenes del río y los canales de riego.

En cambio, las grandes empresas recientemente instaladas utilizan las tecnologías más avanzadas para la producción agrícola, entre otras: máquinas teledirigidas por GPS, que funcionan las 24 horas; control del ciclo de producción y la fertilización gracias a sistemas de riego por goteo que permiten ahorrar agua; laboratorios biológicos y climatológicos que miden los valores de insolación y la calidad del suelo a fin de ajustar la cantidad de insumos necesarios; etc.

Además, se les han concedido certificaciones que avalan sus prácticas agrícolas ecológicas (no uso de pesticidas; control biológico de las plagas por medio de la cría de insectos depredadores; sustitución de las prácticas de quema de hojas por el enterrado manual; reciclaje de los subproductos derivados de la producción de etanol; etc.)(2). Las tecnologías de punta a las que recurren forman parte del discurso que pretende defender que esas empresas son un ejemplo de modernidad: respetan el medio ambiente y los derechos laborales, crean empleo y promueven el desarrollo económico y social a través de las actividades de RSE (responsabilidad social de las empresas). Se presentan a sí mismas como un modelo opuesto al de la agricultura que predominaba hasta entonces en el valle.

Por tanto, los responsables de elaborar políticas consideran que la llegada de esos proyectos es una oportunidad para crear nuevos puestos de trabajo en zonas rurales poco desarrolladas, y una fuente de ingresos fiscales para los gobiernos regionales(3).

Boom de los agrocombustibles: favorecido por la apropiación de la tierra y el agua

Las condiciones del valle del río Piura resultaban favorables para que las empresas que disponían de capitales y acceso a los mercados internacionales tomaran el control de los recursos. Esas empresas, con el beneplácito del Estado, consiguieron apoderarse de los recursos hídricos y las tierras necesarios para la explotación agrícola de un cultivo (la caña de azúcar), así como de un proceso industrial (la transformación en etanol), actividades que requieren un alto consumo de agua.

En parte, dichas producciones se instalaron gracias al Proyecto Especial de Irrigación Chira-Piura, puesto que la última fase dio lugar a un avance de la frontera agrícola en las tierras áridas de cerca de 24,000 hectáreas. El Gobierno nacional vendió tierras a un precio muy favorable, a condición de que las empresas desarrollaran su propia red de infraestructuras de riego. Debido a que carecían de un acceso directo a la red de canales de riego, instalaron un sistema de bombas eléctricas y depósitos que extraen el agua del río o los canales principales que bordean el río Chira.

Tras el desarrollo de esos proyectos, los pequeños agricultores próximos han observado una disminución sensible de la cantidad de agua disponible, lo que ha dado lugar a una situación que puede agravarse de manera considerable en los próximos años(4).

Por el momento, dos proyectos agroindustriales de bioetanol se encuentran en fase de producción (empresas Maple y Caña Brava). Pronto, un tercer proyecto iniciará la plantación de caña de azúcar (Comisa), y otras empresas han presentado solicitudes de compra de tierras al Gobierno Regional de Piura. Entre esas empresas figura una que se propone sembrar 10,000 hectáreas (Dio Latina). Actualmente, cerca del 35 % de la superficie de regadío se agrupa en manos de Maple, Caña Brava y una tercera empresa, Camposol (2,800 hectáreas), que produce esencialmente frutas y especias destinadas a la exportación (ver cuadro 1). Si el establecimiento y la expansión de los cultivos de caña de azúcar continúa como hasta ahora, ¡en 2020, solo cinco empresas poseerán cerca del 60 % de la superficie de regadío del valle! (ver cuadro 2).

Subestiman el potencial económico de la agricultura familiar  

Las pequeñas explotaciones agrícolas —infracapitalizadas y con escaso apoyo por parte de las políticas agrarias— suelen considerarse poco productivas y abocadas a hundirse en la pobreza. En general, se tiende a calificar que su producción es marginal y que su desaparición es inminente, propiciada por el establecimiento de explotaciones agrícolas modernas y más eficientes. Ese es uno de los principales argumentos a favor de la promoción de las inversiones agrícolas a gran escala.

No obstante, la investigación realizada en dos empresas que producen bioetanol (Caña Brava y Maple), así como entre los diferentes productores del valle del Chira, desmiente esas afirmaciones y pone de manifiesto el verdadero potencial de la agricultura familiar. Los pequeños agricultores, que recurren en mayor medida a la mano de obra que a la maquinaria agrícola, contratados para la producción de caña de azúcar alcanzan un rendimiento promedio de 140 toneladas por hectárea(5), equivalente al de las grandes explotaciones. Por otro lado, las grandes empresas industriales y las pequeñas explotaciones de caña de azúcar y limón generan un valor añadido(6) por hectárea comparable (alrededor de S/.10,000, es decir, US$3,704). Como se indica en el cuadro 3, las pequeñas explotaciones generan un volumen de negocios (producción bruta) considerable(7), puesto que giran en torno a los S/.12,000 (US$4,445) en el caso de la caña de azúcar y el limón, y superan el doble en el caso del banano orgánico con certificación de comercio justo.

Por tanto, las grandes empresas Maple y Caña Brava generan menos riqueza (valor añadido) por hectárea que las explotaciones familiares próximas. Pero la gran diferencia entre las grandes empresas y las unidades de producción agrícolas se encuentra en el ámbito del empleo. La comparación de los puestos de empleo creados por ambos tipos de explotación revela que las grandes empresas no crean prácticamente empleo. Para una superficie de 46 hectáreas de plantación, se contrata una sola persona a tiempo completo. En cambio, en las explotaciones familiares, por una misma superficie de 46 hectáreas se generan cerca de 100 empleos en el sector agrícola.

¡La diferencia entre los argumentos defendidos por esas grandes empresas y la realidad es considerable respecto de la eficiencia y la contribución al desarrollo económico de la zona!

Distribución del valor añadido: un elemento esencial para entender las decisiones económicas

Por su naturaleza y funcionamiento, y siempre que reciban un mínimo apoyo, las estructuras agrícolas familiares son capaces de potenciar el recurso a la mano de obra, al tiempo que presentan una productividad agrícola importante. Generan empleo, así como un mayor valor añadido que se destina esencialmente a retribuir a los trabajadores (agricultores y ganaderos familiares, así como trabajadores agrícolas, en su caso). Las empresas generan un alto valor añadido en el conjunto de sus explotaciones (alrededor de US$31 millones al año), aunque en términos generales ese valor es bajo si se tiene en cuenta la hectárea. Además, el valor añadido que generan se destina principalmente a la retribución de los accionistas y dirigentes y al pago de los intereses bancarios que financian las inversiones. A diferencia de lo que ocurre en el contexto de la agricultura familiar, el valor añadido se destina, ante todo, a los agentes que poseen el capital.

El trabajo agrícola no es un coste de producción en el marco de una unidad de producción agrícola, ya que les permite a los miembros de la familia obtener ingresos e invertirlos en los años ulteriores. Es completamente diferente en el marco de las empresas basadas en el trabajo asalariado. Para esas empresas, el objetivo es maximizar las ganancias y la retribución de las inversiones, así que el trabajo constituye un coste de producción.

Cuando los dirigentes de un país deciden atraer la inversión agrícola a gran escala, se decantan por las actividades económicas que no crean empleos por unidad de superficie y cuya riqueza económica se destina especialmente a un grupo reducido de personas, los agentes que poseen el capital, y no a los agricultores y trabajadores agrícolas. En teoría, los impuestos que gravan las ganancias de esas empresas deberían contribuir al desarrollo de los servicios públicos, de los que carece ampliamente el valle (servicios sanitarios, educativos, acceso al agua potable, carreteras, etc.), pero aunque Maple abona cada año al menos US$500,000 al Gobierno Regional de Piura, no se observan cambios considerables para las poblaciones rurales circundantes.

Tales modalidades de distribución del valor añadido refuerzan en gran medida las desigualdades económicas entre las personas.

Elaborar políticas que apoyen un desarrollo que cree empleo y sea más eficiente y justo

Sin duda, el establecimiento de las empresas ha dado lugar a la creación de nuevos empleos, agrícolas e industriales, en zonas que anteriormente eran desérticas. ¿Pero es esa realmente la mejor opción posible? ¿Brindan esas empresas una oportunidad al proceso de desarrollo regional?

Los datos que figuran más arriba muestran la contribución social de las explotaciones agrícolas a gran escala y a pequeña escala, por separado. Así pues, la cuestión no es analizar la situación previa y posterior a la llegada de esas nuevas empresas al territorio, tal como se hace habitualmente, sino examinar diferentes opciones posibles y medir el interés que tiene para la región la captación de ese tipo de grandes inversiones en materia de desarrollo económico.

Es notoria la dificultad que existe para que las grandes empresas proporcionen datos económicos fiables y claros. Los nuevos empleos que crean siguen siendo absolutamente insignificantes en comparación con los que podrían crearse si se consolidaran las unidades de producción campesinas ya presentes en el valle. A tales efectos, los pequeños productores tendrían que poder beneficiarse, al igual que las grandes empresas, de acceso a la tierra, los mercados y el crédito, así como de la posibilidad de organizarse para gestionar sus recursos. El ejemplo de los productores de banano con certificación de comercio justo en el ámbito de la reforma agraria del valle del río Piura pone de manifiesto que ello es perfectamente posible y que el recurso de capitales externos no tiene por qué constituir la única alternativa posible(11).

Es primordial exigir a las empresas y al Estado una verdadera transparencia en la utilización de los recursos y los fondos públicos, con miras a que cada ciudadano sea capaz de valorar por sí mismo el interés de dichos proyectos agroindustriales. Asimismo, debe fortalecerse la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil y las universidades, de modo que puedan realizar análisis necesarios para comprender la evolución y escojan la mejor opción de desarrollo que beneficie a un mayor número de personas y a las generaciones futuras.

En la práctica, el desarrollo reciente de los grandes proyectos agroindustriales de producción de bioetanol se refleja hoy en día en una intensificación de la competencia por los recursos hídricos y la tierra, que pone en peligro las explotaciones familiares próximas —incluso las más interesantes para la sociedad en su conjunto— y contribuye de forma insignificante al desarrollo económico de la zona.

Por ende, las políticas agrícolas deberían apoyar ampliamente las estructuras agrarias más eficientes, mediante la adopción de políticas firmes de apoyo a la agricultura familiar. En la región Piura —y, sin duda, de forma general, en el conjunto de las regiones costeras del Perú—, las políticas de acceso a la tierra ganada al desierto deberían facilitar el acceso a pequeños productores y no a dichos proyectos.

Notas

1  Consultora especialista en la gobernanza de los recursos naturales. Miembro de aGter, una asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de la Tierra, del Agua y de los Recursos Naturales. 

averill.roy@gmail.com

http://www.agter.asso.fr​

2  Dichas empresas destacan los esfuerzos desplegados en materia de reciclaje de los subproductos derivados de la producción de etanol (vinaza, bagazo y agua de lavado) y de las aguas residuales, así como su autonomía en la producción de energía generada por la fábrica de transformación.

3  El Gobierno Regional de Piura firmó un convenio con la empresa Maple obligándola a abonar anualmente US$500,000 durante veinte años.

4  Un estudio realizado por el Proyecto sobre bioenergía y seguridad alimentaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) revela que la disponibilidad de los recursos hídricos se encuentra amenazada por el aumento de la superficie de cultivo de la caña de azúcar en el valle del Chira. Ramos Taipe, C. L. (2010). Metodología aplicada en el análisis de los efectos de la producción de cultivos bioenergéticos sobre la disponibilidad de recursos hídricos: el caso del sistema Chira, Bioenergía y seguridad alimentaria en el Perú. Roma: FAO.

5  Véase el informe «Agriculture contractuelle pour la production d’agrocarburants dans le nord-Pérou: un modèle de développement pour l’agriculture familiale?». A. Roy, 2013.

6  El «valor añadido» se obtiene deduciendo del rendimiento bruto (producto comercializado o para consumo propio), por un lado, el conjunto de insumos intermedios empleados durante un año y, por otro lado, la amortización económica del capital fijo utilizado en el proceso productivo, cuya depreciación abarca varios años (H. Cochet y M. Merlet. Accaparement des terres agricoles et répartition de la valeur ajoutée: la captation de la rente foncière revisitée. Comunicación dirigida a la conferencia internacional Global Land Grabbing celebrada en Brighton. Institute of Development Studies. 6-8 abril de 2011. Disponible en inglés y francés).

7  Los datos se han extraído de un modelo financiero elaborado a partir de los datos proporcionados por las empresas Maple y Caña Brava, así como del estudio realizado en las explotaciones bananeras de la zona de Huangalá y entre los productores de limón de la zona de Cieneguillo.

8  A efectos de realizar la comparación, se ha diferenciado el sistema de producción agrícola del sistema de producción agroindustrial global. En consecuencia, la caña de azúcar consumida por el sistema agroindustrial se ajusta al precio necesario para cubrir los costes de producción, lo que equivale aproximadamente a S/.82.30 por tonelada. Los resultados se corresponden con un promedio anual calculado sobre la totalidad de la duración del proyecto (20 años). En el sistema agroindustrial, la producción es el etanol, evaluada en litros por hectárea. En el caso de los productores de caña subcontratados, el precio de compra de la caña es de S/.86 por tonelada.

9  Los resultados relativos a las pequeñas explotaciones engloban el conjunto de los recursos generados por la explotación. A efectos del presente estudio, las explotaciones se distribuyen en función del cultivo destinado a la venta que predomina en las parcelas.

10  Se trata de promedios para el conjunto de las pequeñas empresas sometidas a estudio.

11  Véase «La production de banane biologique et équitable dans la vallée du Chira: un modèle de réussite pour le maintien de l’agriculture familiale?». A. Roy, 2013.