Escrito por Beatriz Salazar y Nelly Rivera (1)

Según el IV informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (2), el Perú es uno de los doce países que ya estarían afrontando un estrés hídrico (3). Esta situación ya es evidente en casos como el de Ica, donde la sobreexplotación del recurso hídrico, sobre todo por la creciente demanda de agua para atender los requerimientos de los cultivos de agroexportación, llevó a que la región fuera declarada en emergencia hídrica en 2011. Según la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de continuar la tendencia actual, en diez años, más del 75 % de áreas de cultivo en Ica serán afectadas por una extrema escasez de agua(4), perjudicando no solo a los agricultores, sino también a casi la mitad de la población iqueña, que actualmente accede al agua potable con restricciones(5).

El IPCC también advierte que el estrés hídrico puede aumentar la conflictividad social, y este riesgo se ve reflejado en la relación entre Ica y Huancavelica en torno a la gestión del agua. Las autoridades regionales de Ica han buscado desde hace décadas solucionar los problemas hídricos recurriendo a proyectos de trasvase desde Huancavelica, donde se supone que el agua «sobra». Sin embargo, esta supuesta abundancia de agua es desmentida por los huancavelicanos, quienes afirman que el agua que se pretende llevar a Ica la requieren para potenciar el desarrollo de su propia región. ¿Es posible conciliar ambos puntos de vista? ¿Las actuales políticas públicas están contribuyendo a que se logre un resultado satisfactorio para ambas regiones? En este artículo exploraremos los planteamientos que se manejan en el Gobierno central, en ambos gobiernos regionales y en las comunidades campesinas huancavelicanas asentadas en la zona del trasvase.

Las principales críticas a las obras de trasvase

Desde el Gobierno central, Proinversión(6) está promoviendo la presentación de iniciativas privadas cofinanciadas (una modalidad de asociación pública privada -APP) para la ejecución de obras de infraestructura hídrica en Ica, con un cofinanciamiento del Estado que podría superar los S/. 650 millones. Esta APP pretende incluir la ejecución de las obras de trasvase que son cuestionadas por los huancavelicanos, especialmente el canal colector Ingahuasi, que puede afectar 35 mil hectáreas de bofedales, según afirman las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito de ese proyecto. La principal crítica a esta APP, desde el punto de vista huancavelicano, es que el Gobierno central la anunció como un proyecto para el exclusivo beneficio de Ica, para «atender la problemática de estrés hídrico que afecta a esta región», según lo expresó el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, en abril de 2014, reforzando así la percepción de desinterés del Gobierno nacional por las preocupaciones huancavelicanas.

Ante los anuncios de la inminente ejecución del proyecto cuestionado, el presidente regional de Huancavelica, Glodoaldo Álvarez, plantea que su región tiene derecho a usar sus recursos hídricos para priorizar su propio desarrollo, especialmente con la ejecución de proyectos de siembra y cosecha de agua a gran escala. Los huancavelicanos aseveran que de esta manera podrán resolver la escasez de agua que sufre la región durante la época de estiaje y podrán aumentar la productividad agropecuaria y, por ende, los propios ingresos y niveles de vida de la población.

La autoridad huancavelicana también defiende el derecho de las comunidades campesinas a ser consultadas respecto a la ejecución de los proyectos de trasvase en sus territorios y la realización de los estudios necesarios para garantizar que un posible trasvase no perjudique los ecosistemas huancavelicanos. En este contexto, Álvarez se ha acercado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solicitar la organización de una mesa de diálogo entre representantes de Ica y Huancavelica, con participación de las comunidades campesinas. Sin embargo, este pedido aún no ha sido atendido por la PCM.

La propuesta de Ica: un canon hídrico 

En el caso de Ica, el presidente regional, Fernando Cillóniz —conocedor de los temas agrarios y vinculado a ellos durante décadas— insiste en la propuesta de llevar a su región el agua excedente de Huancavelica, pero coincide en la necesidad de generar también el desarrollo social de las zonas altas. «No tiene ningún sentido que Ica aspire a tener agua y que los huancavelicanos solo la vean pasar», comenta Cillóniz, quien plantea otorgarles una compensación por el uso del agua procedente de Huancavelica, bajo la modalidad de canon hídrico. Conforme a este modelo, un porcentaje del impuesto a la renta generado en Ica iría a Huancavelica y sería administrado por el gobierno regional o los municipios. La finalidad es que el dinero sea invertido, de manera preferencial, en la implementación de sistemas de riego tecnificado en las zonas altas de Huancavelica, que tendrían un acceso irrestricto al agua que se trasvase. Esta medida sería acompañada por la inclusión de las poblaciones involucradas en los programas sociales, los talleres de capacitación y, además, la construcción de carreteras.

Cillóniz coincide en la necesidad del diálogo con todos los sectores involucrados, en especial las comunidades campesinas ubicadas en el ámbito de los proyectos para llevar agua a Ica. «Hay que convencer y pedir la autorización. Sin ella, ¿quién va a poder hacer un canal en la vertiente oriental? Nadie», asevera.

Por su parte, las comunidades campesinas y otros actores sociales en Huancavelica se oponen a los proyectos Canal Ingahuasi y Presa Tambo porque los perciben como una imposición y una amenaza para la sostenibilidad de su actividad alpaquera y su seguridad hídrica. Por ello, reclaman su derecho a ser consultados, según lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa y su reglamento. Los huancavelicanos están exigiendo al Gobierno nacional y al regional de Ica iniciar un diálogo que beneficie a todas las partes involucradas.

A primera vista, existen coincidencias entre los gobiernos regionales de Ica, Huancavelica y las comunidades campesinas afectadas, sobre la necesidad de abrir un diálogo que permita negociar soluciones a los problemas hídricos de ambas regiones, que beneficien a todas las partes involucradas. La responsabilidad de la PCM es facilitar este diálogo y evitar apresuramientos en la aprobación de los proyectos que en la actualidad evalúa Proinversión. Además, debe promover la realización de los estudios técnicos que sean necesarios para garantizar la disponibilidad de agua en el largo plazo y que no se vea afectada la integridad de los ecosistemas en la zona de influencia de esos proyectos. A partir de esta experiencia nuestro país puede extraer lecciones que faciliten la prevención o solución de futuros conflictos hídricos, que podrían intensificarse como consecuencia del cambio climático y el aumento de la demanda de agua que conlleva el crecimiento económico y poblacional en el país.

LRA: http://bit.ly/1AQCxEW

Scribd: http://bit.ly/1wLsgVa

Notas

1  Coordinadora del Observatorio de Cambio Climático, del Cepes.  / Periodista del Cepes.

2  Es el principal órgano internacional encargado de evaluar el cambio climático, a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas.

3  Artículo: «La amenaza de la desertificación en el Perú». <http://bit.ly/1CNv8XE>.

4  Plan de Gestión del Acuífero de Ica, Pampas, Villacurí y Lanchas, realizado por la ANA. <http://bit.ly/1zWc83p>.

5  «El reto en Ica: falta de agua, inseguridad y corrupción». Diario El Comercio.

<http://bit.ly/1w9ZJhr>.

6  Agencia del Gobierno nacional, encargada de la promoción de la inversión y de las privatizaciones.