Escribe: Fernando Eguren (1) 

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Poco hemos escuchado o leído sobre los planteamientos de los partidos políticos respecto al tema agrario; el espacio rural suele tener, para los políticos, escasa visibilidad. Quizá esto se deba a que, en su percepción, los electores rurales tienen poca importancia frente a los electores urbanos, por lo que no merecen demasiado su atención, lo que constituye un gran error, pues la población rural es cuantitativamente mucho mayor que la indicada por los censos de población: según el último censo demográfico (2007), cerca de la cuarta parte de la población es rural. Pero esta información se basa en una definición de «población rural» totalmente inadecuada, que subvalúa su importancia (2). Con definiciones más apropiadas, como las de la OCDE(3), puede estimarse que la población rural en el Perú supera largamente el tercio del total. A esta población sí le interesa qué proponen los partidos en materia agraria y rural. Como electores, son un importante contingente.

Los políticos también subvaloran la importancia de la economía rural. Según los datos oficiales, el peso del PBI agrario es el 6 % o el 7 % del PBI nacional, pero allí se considera básicamente lo que es producción primaria y no los eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. Si se incluyen estos, la importancia de lo agrario puede llegar a cerca de un tercio de ese PBI(4).

Algunos temas sí están presentes en los planteamientos de los políticos, aunque poco desarrollados. Por su trascendencia, queremos resaltar las propuestas alrededor de dos temas: el tratamiento que dan a las comunidades campesinas y nativas, y qué plantean respecto al desarrollo rural.

Las comunidades campesinas

Las referencias a las comunidades campesinas se relacionan básicamente con tres temas: la propiedad, la diversidad cultural y los recursos naturales.

Varios partidos prometen que van a terminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas, pero no explican cómo lo van a hacer. En esta edición de LRA, el artículo de Pedro Castillo muestra que la mayor parte de comunidades no ha completado ese proceso.

Se puede argumentar que, para que haya desarrollo rural, es preciso que los derechos de las comunidades sobre sus tierras sean formalmente reconocidos: es un argumento razonable. La titulación puede ser una condición necesaria, pero de ningún modo es una condición suficiente. La argumentación de Hernando de Soto, de que el título de propiedad permitirá, a quien lo posee —individuo, familia o comunidad—, «producir capital suficiente para hacer funcionar su capitalismo local», es, comprobadamente, una quimera. El título de propiedad —la representación formal del derecho sobre la tierra— libera, según nuestro cosmopolita compatriota, «el potencial invisible y preso en los activos que acumulamos», activos «que albergan un capital invisible».(5) En el mundo real, son centenares de miles los pequeños propietarios y agricultores peruanos que tienen título de propiedad, pero, sin embargo, no han logrado la mágica transformación de esos títulos en capital(6).

La formalización de los derechos de propiedad puede también, paradójicamente, exponer, a quien la quiere, a la voracidad del capital... pero de otros. El Perú continúa viviendo un proceso de concentración de la propiedad de la tierra agrícola, en parte porque grandes inversionistas se la compran a pequeños agricultores que ya tienen título. Los compradores prefieren adquirir las tierras a un propietario formal, pues nadie contestará la legalidad de la compra.

Como bien anota el jurista belga Olivier de Schutter, no debe confundirse la necesidad de asegurar los derechos de tenencia, por un lado, con la creación de mercados de derechos sobre la tierra, por otro lado; este último proceso —señala—, cuando se considera una perspectiva dinámica, puede ser desventajoso para las familias rurales pobres. «Para estas familias, que dependen de la agricultura para vivir, debe entenderse la verdadera seguridad de tenencia, en última instancia, como el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas que les proveen de alimentos»(7).

Casi todos los planes de gobierno ofrecen avanzar o culminar la titulación de los predios rurales, incluyendo los de las comunidades campesinas y nativas. Pero ¿en qué medida ese ofrecimiento de los partidos políticos buscan asegurar a las familias comuneras «el derecho a vivir decentemente de las actividades agrícolas»? Para ello se requeriría una pluralidad de formas de apoyo, desde infraestructura vial y de telecomunicaciones, hasta el mejoramiento sustancial de los servicios educativos y de salud. Por el contrario, la titulación puede exponerlas más a un mercado de tierras que juega en favor de los grandes inversionistas.

Pero consideremos quizá lo más elemental: ¿hasta qué punto los planes de gobierno se adaptan al hecho de que una buena parte de la población rural, en particular la que integra las comunidades campesinas y nativas, tiene importantes particularidades culturales? El que estas particularidades no sean tomadas en cuenta puede conducir al fracaso las políticas concebidas para su beneficio.

La particularidad cultural más importante es la lengua

Según el Cenagro, el 73 % de las comunidades campesinas declara como primera lengua utilizada la indígena (64 % el quechua); más aún, en seis departamentos, el 90 % de las comunidades hablan quechua. En lo que respecta a las comunidades nativas, el 80 % de las 1113 censadas declara que sus lenguas nativas son las más utilizadas. En conclusión: la lengua —en general, la aproximación cultural— es un aspecto fundamental que tiene que ser considerado por las políticas de apoyo a las comunidades campesinas y nativas. ¿Qué planes de gobierno lo consideran así?

Algunos planes de gobierno no hacen mención siquiera de la existencia de diferentes lenguas en el Perú: es el caso de Alianza Popular, Alianza Para el Progreso y Fuerza Popular. Peruanos Por el Kambio, por su lado, apenas la menciona en el contexto de la conveniencia de formar una academia de la lengua quechua. Estos partidos reconocen que el Perú es multicultural, pero no desprenden de ello ninguna consecuencia práctica. El Frente Amplio, en contraste, tiene como meta, a 2021, el uso de las lenguas originarias «como lenguas de aprendizaje y de revitalización en el 100 % de instituciones educativas del ámbito», y considera importante promover su uso también en el ámbito urbano.

¿Qué tipo de asistencia técnica? 

Las particularidades culturales también tienen que ser consideradas en el tipo de asistencia técnica que se pretenda promover. Si bien hay consenso en la necesidad de esa asistencia para elevar la producción y la productividad agrícolas, la pregunta es: ¿qué tipo de asistencia técnica es la más adecuada para las familias comuneras, en donde el papel de la mujer tiene especial significación?

El Cenagro nos informa que solo el 12 % de las unidades agropecuarias menores de 10 hectáreas (incluidas las de los comuneros) reciben asistencia técnica. Algunas modalidades de asistencia técnica que aprovechan los conocimientos y prácticas campesinas —como el proyecto Haku Wiñay, que utiliza a los yachachiqs— se practican en el país, pero en escalas muy pequeñas.

En las comunidades campesinas existen, desde siempre, como una particularidad sociocultural, formas de ayuda mutua que pueden ser utilizadas para potenciar más sus capacidades productivas. No deja de ser sorprendente que estas hayan persistido en el tiempo, a pesar de la penetración del mercado en el medio rural y del insistente sonsonete de «tú eres un emprendedor», que fomenta exclusivamente los esfuerzos individualistas. En efecto, el Cenagro reveló que el 84 % de las comunidades campesinas censadas practican aún el ayni (reciprocidad entre familias), y el 57 %, la minka (trabajos comunitarios). ¿Qué dicen al respecto los planes de gobierno?

Nuevamente, aquí solo notamos ausencias o generalidades, del tipo «capacitación», sin mayores precisiones (Alianza Popular); «fortalecer la gestión de riesgos» (Alianza Para el Progreso); «promover cadenas de valor» (Peruanos Por el Kambio). Algunos planes de gobierno ofrecen continuar con Sierra Productiva (Frente Popular), pero este programa (más allá de sus méritos) no tiene como propósito promover e incentivar el desarrollo comunal. El Frente Amplio es apenas más preciso cuando ofrece «una plataforma única y descentralizada de servicios de capacitación, información, asistencia técnica y apoyo empresarial en el agro y zonas rurales del país».

En conclusión, los ofrecimientos de titulación de comunidades campesinas y nativas no están debidamente complementados con políticas orientadas a fortalecerlas institucional y económicamente y a garantizar su derecho a vivir decentemente de las actividades agropecuarias, como señalaba De Schutter. Esta ausencia puede deberse al desconocimiento de los partidos o, por el contrario, a la intención de acercar a las comunidades al mercado de tierras en condiciones que pueden poner en riesgo el control sobre sus recursos.

Notas

1 Sociólogo. Director de LRA y presidente del Cepes. fegurenl@cepes.org.pe

2 Según el censo, es rural la población asentada en agrupaciones de menos de cien viviendas, lo que equivale más o menos a quinientas personas.

3 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera dos criterios: densidad de población por km2 y distancia respecto a ciudades. Estos criterios son también utilizados por el Banco Mundial, en la publicación citada en la nota 4, para estimar la población rural en los países latinoamericanos.

4 Ver Banco Mundial (2005). Beyond the city. The rural contribution to development. Washington D.C.

5 Hernando de Soto (2000). El misterio del capital. Lima: El Comercio, pág. 33.

6 Esta «transubstanciación» encierra el riesgo, claro está, de la pérdida de la propiedad cuando no se puede pagar la hipoteca. Esto es harto frecuente, más aún en contextos en que el impacto del fenómeno de El Niño afecta las cosechas de miles de familias agricultoras.

7 Olivier De Schutter. «The role of property rights in the debate on large-scale land acquisitions». De Schutter fue, hasta el año pasado, el relator especial sobre el derecho a la alimentación de las Naciones Unidas. Puede accederse al artículo en

<https://poldev.revues.org/2026>.