Escribe Lucía Santos del Centro Peruano de Estudios Sociales. 

Nos encontramos a poco tiempo de haber cerrado el primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), una gestión marcada por aciertos y desaciertos en materia de políticas públicas, incertidumbre política y un clima de desaceleración económica. En lo que respecta a los derechos de los pueblos indígenas, la presión de las altas esferas de poder parece mantener vigente la tristemente célebre política del “perro del hortelano” a través de embates normativos en pro de la flexibilización y desregulación ambiental para atraer a la gran inversión privada.

Frente a este panorama, si bien la consulta previa[1] es sólo una de las variables para medir la gestión del actual gobierno en materia de derechos de los pueblos indígenas, nos permite tomar la temperatura en lo que respecta a atender los intereses de dichos actores.

La consulta previa en cifras

Desde que la Ley 29785 se promulgó en el 2011, se han implementado un total de 40 procesos de consulta previa. De estos, 28 han concluido y los demás se mantienen en diferentes etapas de desarrollo (1 se encuentra en etapa de identificación de la medida; 5 se encuentran en la de identificación de los sujetos de los pueblos indígenas; 1 en la de publicidad de la medida, 1 en la de información de la medida, y 4 han concluido la etapa de diálogo). Del total de procesos, 4 giran en torno a políticas sectoriales de alcance nacional (2 en el sector Educación, 1 en Agricultura y 1 en Salud), 24 al sector de energía y minas (13 en hidrocarburos, 10 en minería y 1 en hidroeléctrica), 1 al sector de transportes y 11 en torno al sector ambiental.

Ahora bien, durante este primer año de gestión de PPK se han implementado 8 nuevos procesos de consulta, de los cuales 6 se dan sobre proyectos de exploración o explotación minera, 1 sobre construcción de una planta hidroeléctrica y 1 sobre categorización de zona reservada a parque nacional.

Las cifras en minería contrastan notablemente con el período anterior. Cabe recordar que pese a los compromisos asumidos en campaña, durante la mayor parte del período de gobierno del ex presidente Ollanta Humala, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) continuó emitiendo resoluciones directorales que autorizaban el inicio de exploración minera en territorio indígena sin que medie consulta previa, situación que fue denunciada por la Defensoría del Pueblo[2]. Fue a partir del segundo semestre del 2015 que el MINEM empieza a implementar procesos de consulta en el sector[3]. Tal vez la falta de voluntad política de la gestión anterior para implementar procesos de consulta previa en la práctica acorde a los estándares del Convenio 169 de la OIT puede explicar los avances y retrocesos de los procesos de consulta previa en minería.

Ahora, regresando al gobierno actual, desde el inicio de la gestión presidencial a la fecha se han implementado 6 procesos de consulta sobre los siguientes proyectos:

El proyecto de exploración minera aurífera “Anama”, del cuestionado Grupo Aruntani[4], fue aprobado mediante resolución directoral de la DGM en 2014 y empezó sus operaciones en marzo de 2015. La presencia del proyecto minero reavivó el conflicto sobre linderos entre las comunidades campesinas de Huaquirca y Sabayno (Antabamba – Apurímac) y, como consecuencia, el asunto regresó al gobierno central[5]. Recién en Agosto de 2016 se realiza la primera reunión preparatoria para establecer los lineamientos del proceso de consulta previa, sin embargo, luego de continuas reprogramaciones para sesiones de evaluación interna y diálogo, en abril de 2017 el MINEM declaró concluido el proceso de consulta al no contar con la participación de la comunidad.

El Grupo Aruntani también está detrás de otros dos proyectos auríferos en los distritos de Chaviña y Sancos (Lucanas – Ayacucho). El primero, el proyecto de exploración minera “Apumayo”, fue objeto de denuncias de extracción ilegal por parte del Comité de Defensa del pueblo de Sancos[6]. La consulta previa del proyecto Apumayo se desarrolló entre agosto y setiembre del 2016 y, como resultado del proceso, la comunidad campesina de Chaviña expresó su desacuerdo con la medida y exigió que el Estado adopte garantías para defender sus intereses. De forma paralela, se dio inicio al proceso de consulta sobre el proyecto de explotación minera Apumayo, que contó con la participación de las comunidades campesinas de Para y Sancos. En medio del proceso, la comunidad de Para renunció a ser parte del proceso y fue finalmente la comunidad de Sancos la que llega un acuerdo con el MINEM para el inicio de actividades de explotación.

El proyecto de exploración minera “Corcapunta” de la compañía Anglo American fue aprobado por resolución directoral de la DGM en el primer semestre del 2016 y se encuentra inscrito en el área de concesiones “Catarata Azul 1”, “Catarata Azul 2” y “San Pedrito 9”. En Agosto de 2016 se realizaron dos reuniones preparatorias con las comunidades campesinas de Huacyon y Llacllin (Recuay- Ancash). Como resultado del proceso, la comunidad de Huacyon llegó a un acuerdo con el MINEM, mientras que la comunidad de Llacllín no se presentó a la fase de diálogo. La emisión de la resolución que autoriza el inicio de actividades de exploración ha generado el descontento de la comunidad y productores de Llacllín.

El proyecto de exploración minera cuprífera “Guadalupe” del Grupo minero Milpo se encuentra en el área de concesiones EPZ Sanqui Uno y Dos y coincide con el territorio de la comunidad campesina de Pararin (Huarmey y Recuay – Ancash). El proceso de consulta previa, que inició en noviembre del 2016, tuvo algunos obstáculos como el reclamo de la comunidad de Pararin por mal manejo de la etapa informativa del proceso . Finalmente, en Enero del presente año, la comunidad manifestó estar de acuerdo con la medida y solicitó al MINEM hacer llegar a la PCM la propuesta del Plan de Desarrollo de la comunidad.

El proyecto de exploración minera “Puquiopata” de la Compañía minera Ares SAC propone desarrollar actividades de exploración dentro del área de la comunidad campesina de Sauricay (Parinacochas – Ayacucho). El proceso de consulta previa, que inició en octubre del año pasado, concluyó con un acuerdo entre el MINEM y la comunidad bajo los siguientes términos: 1) Se respeten el medio ambiente y los derechos colectivos de los comuneros de Sauricay; 2) La empresa cumpla con sus compromisos ambientales y sociales; 3) El estado cumpla con fiscalizar y controlas las actividades de la empresa minera y; 4) Los comuneros se encuentren permanentemente informados sobre las actividades del proyecto.

Estas seis experiencias en el sector minero nos permiten visibilizar que, en cierta medida, la actual gesti ón carga con los pasivos sociales de períodos anteriores, como es el caso de El panorama de la consulta previa en minería permanece incierto en tanto se siguen implementando procesos de consulta en base a resoluciones directorales previamente pactadas, como en el caso de los proyectos Apumayo I y II, y Anama.

Fuente: CAAAP, 2016. “¿Cómo va la aplicación de la Consulta Previa en el Perú?: Avances y retos”. Ministerio de Cultura – Consulta Previa. En: http://consultaprevia.cultura.gob.pe/proceso/.

* No se encontró información sobre el proceso en el apartado de “Consulta Previa” de la web del Ministerio de Cultura.

Elaboración propia.

[1] Ley 29785 – Artículo 2. Derecho a la consulta 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

[2] Oficio 0249-2014-DP/AMASPPI, de la Defensoría del Pueblo, dirigido al señor Guillermo Shinno Huamani, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, del 29 de agosto de 2014.

[3] Consulta previa a la comunidad campesina de Parobamba (Cusco) sobre el proyecto minero Aurora de la Empresa Minera Focus SAC. El proceso se llevó a cabo en base a la Resolución Directoral que autorizó el inició de actividades de exploración, medida que fue duramente criticada por reducir el proceso a un formalismo. A este proceso le siguieron otros tres que desarrollaron prácticamente en las mismas condiciones: C.P. del proyecto minero Toropunto (Agosto 2015 – Octubre 2015); C.P. del proyecto minero Misha (Octubre 2015 – Diciembre 2015); C.P. del proyecto minero La Merced (Mayo 2016 – Junio 2016).

[4] Vinculado a la contaminación de la Laguna Pasto Grande en Acora (Puno).

[5] “Apurímac: Conflicto entre Sabayno y Huaquirca será resuelto por Ministerio de Energía y Minas”. Diario Correo. 7 de Agosto de 2015.

[6] “Lucanas: denuncian que actividad minera amenaza existencia de pueblo”. RPP Noticias. 5 de Marzo de 2016.