El gobierno de PPK presentó el Proyecto de Ley 1718/2017-PE, en julio pasado. Una norma que puede generar mayor inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad y posesión no solo de los pueblos indígenas, sino también de los millones de pequeños propietarios, agricultores familiares y de todas y todos los peruanos, cuyos territorios podrán ser expropiados si existe interés de un proyecto de infraestructura sobre ellos. 

Actualmente, el proyecto, que cuenta con los dictámenes favorables de la Comisión de Economía y Comisión de Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del Congreso y al parecer su aprobación es inminente. Si se llegase a aprobar, el Proyecto de Ley 1718, debilitará aún más los derechos de propiedad, al permitir realizar diversas modificaciones en los procedimientos para sanear, adquirir y expropiar tierras y otorgarlas a proyectos de inversión, ahora denominados “obras de infraestructura priorizadas”.

El Proyecto de Ley 1718 al igual que el vigente Decreto Legislativo 1333, insiste en crear el Proyecto Especial de Acceso a Obras de Infraestructura Priorizados - APIP, impulsado por PROINVERSIÓN, una institucionalidad, sin experiencia previa en saneamiento, adquisición y expropiación; únicamente para atender a proyectos de infraestructura y que se superpone a las competencias de las instituciones encargadas de la formalización de la propiedad, como son MINAGRI, los gobiernos regionales o SUNARP.

Esto sin duda traería mayor caos del que actualmente hay en el ámbito rural, específicamente en los territorios de comunidades y pequeños propietarios Generando mayores conflictos sociales y territoriales de los ya existentes como la falta de demarcación y georreferenciación conflictos de colindancia, superposición de derechos, entre otros.

El Estado mantiene su deuda histórica al no cumplir su obligación de proteger el derecho de propiedad mediante la titulación de comunidades, aun cuando en dos artículos del proyecto de ley pretenda excluir a las comunidades campesinas o mencione que se solicitará información al Ministerio de Cultura o Agricultura, exclusiones que son insuficientes.

Dichas exclusiones no garantizan la propiedad y posesión sobre las tierras de las comunidades campesinas y nativas, o los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, dado que faltan muchas comunidades por titular y la base de datos del MINCU no reconoce a más de 3000 comunidades campesinas como pueblos indígenas.

El Estado no puede favorecer constantemente a un grupo inversionistas reduciendo los procedimientos de acceso a la tierra a costa de debilitar los derechos a la tierra y al territorio de las comunidades campesinas y nativas o de los pequeños agricultores. Al hacerlo, actúa de manera discriminatoria, sin respetar la Constitución Política y las normas referidas a la materia. La inversión privada y pública es necesaria en nuestro país, pero esta inversión tiene que respetar los derechos de propiedad de todos los peruanos y peruanas. 

Esta nota se basa en el Informe sobre el Proyecto de Ley 1718-2017-PE. Análisis jurídico en materia de Pueblos Indígenas, realizado por Luis Hallazi, coordinador del Colectivo Territorio Seguros para las Comunidades del Perú.