La Segunda Reforma Agraria diseñará un nuevo programa de titulación a favor de las comunidades campesinas y las comunidades nativas para culminar el proceso de titulación en los próximos cinco años (Lineamiento 5: Promoción y fomento agrario). Ello va de la mano con la recientemente publicada Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026 que en su Eje 10: Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural, señala expresamente que se garantizará el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

No obstante, considerando que el objetivo de la Segunda Reforma Agraria es colocar a la agricultura familiar en el centro de la política pública sectorial y multisectorial, llama la atención que el programa solamente esté dirigido a las comunidades, cuando actualmente está pendiente la titulación de más de dos millones de predios individuales ubicados en todos los departamentos del país.

Recordemos que en el año 1992 se creó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural -PETT-, encargado originalmente de sanear los predios que habían sido objeto de reforma agraria. En dicho marco, entre los años 1996 al 2000 se puso en marcha, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Proyecto de Titulación y Registro de Tierras -PTRT (luego se le conocería como PTRT-1), que tenía como objetivo entregar un millón de títulos de propiedad individuales inscritos en Registros Públicos, excluyendo a las comunidades de sus metas.

Luego, se ejecutaría el PTRT-2 (del 2001 al 2005), igualmente con un préstamo del BID, pero esta vez sí se incluyó a las comunidades como beneficiarias. El PTRT-2 se comprometió a titular a 541 comunidades de todo el país. Actualmente, está culminando el PTRT-3 (que debía iniciarse el año 2012), con un nuevo préstamo del BID. El objeto del PTRT-3 era titular 441,093 predios individuales, la titulación de 403 comunidades nativas y de 190 comunidades campesinas. El préstamo del BID culminaría en febrero del próximo año y las metas están muy lejos de ser cumplidas.

Ahora bien, no se trata solamente de entregar títulos de propiedad a las comunidades que carecen de ellos. Las cifras oficiales de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespacr), del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), señalan que del total de comunidades reconocidas (8,540), el 82.6% (7,058) no tiene cómo acreditar plenamente su derecho de propiedad, pues sus tierras no están georreferenciadas, por lo que no forman parte de ningún sistema de información geográfica, no permitiendo acreditar plenamente su derecho de propiedad.

Respecto al relanzamiento del programa de titulación de comunidades, esperemos que la experiencia del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en sus tres fases sirva para no cometer los mismos errores y que se culmine de una buena vez por todas con esta deuda histórica que tiene el Estado peruano con las comunidades del país.