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Publicado: 2021-11-10
En el marco de la campaña ¡Apoyar las iniciativas populares contra el hambre! presentamos la entrevista al excongresista Jaime Delgado Zegarra. Delgado es autor de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, 30021.
- La Covid-19 causó una masiva reducción de ingresos en la población urbana y rural. Frente a este panorama ¿existiría una disminución del consumo de alimentos más nutritivos entre los peruanos?
- Definitivamente la Covid-19 ha impactado sobre mucha gente, porque perder el empleo, quedarse sin ingresos, a pesar de la reacción del gobierno de dar los bonos, ha causado una situación de inseguridad alimentaria evidente, y no sólo en el Perú sino en el mundo. Pero particularmente en nuestro país, por la precariedad de los ingresos de los peruanos, el 70% de la población tiene trabajos informales, y no están garantizados sus ingresos periódicamente. Entonces, ese ha sido un problema por el cual, digamos, se ha incrementado la inseguridad alimentaria en esta pandemia.
- Somos un país con una agricultura importante que no dejó de producir alimentos en la pandemia, a costa de la descapitalización de los agricultores familiares. ¿Las acciones del gobierno han sido suficientes para apoyar a la agricultura familiar?
- Efectivamente, a quiénes hay que saludar y agradecer son a los agricultores porque durante esta pandemia pudo haber desabastecimiento de alimentos por las condiciones, las restricciones, la inmovilidad, el confinamiento; sin embargo, sucedió lo contrario. En esta pandemia incluso se ha reportado un incremento en la producción agrícola, y ni qué hablar de la agroexportación, que ha crecido más de 4% del 2019 al 2020. Entonces, eso evidencia el rol estratégico que tiene la pequeña agricultura para garantizarnos el abastecimiento de los productos que todos los días consumimos. Sin embargo, es verdad que el campo está abandonado a su suerte y casi tienen niveles de sobrevivencia, no tienen capacidad de ahorro, de capitalización, de crecimiento, de tecnificación, porque viven a las justas para reponer sus gastos, le queda un poquito más para sobrevivir. Ese es el problema de la pequeña agricultura.
- El apoyo a la seguridad alimentaria de los vulnerables urbanos también ha sido insuficiente. Hay iniciativas mostradas por las poblaciones vulnerables, por ejemplo, las ollas comunes. ¿Estas iniciativas son suficientes para paliar el hambre de los más vulnerables?
- Para mí, la sola existencia de las ollas comunes en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia, debería avergonzar al Estado, debería hacernos sentir vergüenza a todos los peruanos. ¿Cómo es posible que en una pandemia millones de personas sean absolutamente vulnerables, sin la posibilidad de comer, y lo único que pueden hacer es salir por los mercados a pedir limosnas para ver cómo pueden cocinar, o hacer una bolsita común en el barrio para cocinar? O sea, es una vergüenza. El Estado debería tener debidamente organizado un sistema de asistencia que permita, junto con el trabajo de las personas que se organizan para preparar las comida en ollas comunes (que me parece muy digno ejemplo), por lo menos garantizarles los productos, por lo menos en época de pandemia. Eso tendría que ser un programa regular, de asistencia permanente.
- El Congreso Descentralizado, en octubre, aprobó la “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional” que todavía no ha sido promulgada. En su opinión ¿Es solo declarativa? ¿Qué le falta a la esa ley?
- Esta iniciativa es loable, pero es muy declarativa. Creo que el derecho a una alimentación adecuada, una alimentación saludable, tiene que estar instrumentalizada de mejor manera en el aparato del Estado. O sea, no veo una instrumentalización en la administración pública que permita garantizar con fluidez la vigencia de este derecho. Entonces, tenemos una comisión que de pronto se reúne cada dos meses, tres meses, o cuatro meses, conversa un poco, discute temas generales, pero ¿quién entra en la ejecución del día a día?, o sea, no veo una dirección estratégica, rectora, con la fuerza, con el poder, con la influencia necesaria para llevar adelante esto. Entonces estas normas, estas leyes, quedan en la declaración principista pero no percola en la actividad cotidiana de la gente para que reciban los alimentos en cantidad y calidad suficientes para garantizar y acabar con el hambre. Entonces, ahí tenemos un problema, ahí tenemos un cuello de botella. Si el Ejecutivo tuviera voluntad podría hacerlo con los presupuestos y los programas que existen.
- ¿Esta iniciativa legislativa del Congreso podría vincularse a la promesa de compras de alimentos por el Estado, a la pequeña agricultura? Hay que recordar que para dicho efecto existe la Ley N° 31071, reglamentada en junio de este año.
- Pero por supuesto, yo creo que además tiene doble efecto. En primer lugar, satisfacer las necesidades de las poblaciones más vulnerables, pero con alimentos frescos; no podemos estar limitándonos a darle solamente bolsas o enlatados, productos procesados; y por otro lado, el apoyo a la agricultura local, a la agricultura familiar. Un clarísimo ejemplo lo tenemos con la experiencia de alimentación escolar en Brasil, un programa que tiene más de 50 años y gracias a la compra que hacen a los agricultores locales se ha logrado dinamizar la economía de estos productores de una manera impresionante, garantizando la compra de sus productos.
