Debido a la pandemia, amplios sectores de la población han visto reducidos sus ingresos y se encuentran en dificultades para acceder a los alimentos; los agricultores, a su vez, están viviendo condiciones difíciles para seguir produciendo con normalidad. Pero los impactos de la pandemia no deben hacernos olvidar que, antes de ella, el Perú tenía ya un grave y complejo problema alimentario. En esta nota argumentamos que la coyuntura de la pandemia ha extremado un problema que ya era grave; por lo tanto, las medidas para enfrentarlo no pueden ser temporales, limitadas a la actual coyuntura, sino deben de tener una proyección de largo plazo.

Una de las razones para ello es que las amenazas catastróficas futuras, con impactos en la seguridad alimentaria, son varias. Para mencionar solo algunas: el cambio climático extremará los efectos de futuros fenómenos El Niño; se harán más inciertas e intensas las sequías, las inundaciones, las heladas, así como otros eventos climáticos extremos. Parece inminente, además, la ocurrencia de un sismo de grado 8, o mayor, en la costa central (que concentra la tercera parte de la población del país). Es previsible, también, el advenimiento de nuevas pandemias con virus más contagiosos y letales que el Covid-19. Por tanto, la política de seguridad alimentaria del país debe ser también preventiva, para responder a necesidades imprevistas y masivas.

Otro conjunto de razones por las que las políticas alimentarias deben de tener una proyección de largo plazo es la persistencia de la desnutrición infantil; la elevada incidencia de la anemia en niños y niñas; las grandes brechas existentes en materia alimentaria entre la población urbana y la rural, y entre las regiones del país; el incremento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos etáreos de las poblaciones rural y urbana.

Por añadidura, la misma oferta de alimentos puede estar amenazada por la pérdida de fertilidad de los suelos debido a la erosión, la salinización y la desertificación, a la que hay que agregar la contaminación de aguas y suelos debido a residuos de insumos químicos originados por la propia producción agropecuaria. Por si fuera poco, las pérdidas y mermas de alimentos en los diferentes eslabones que van desde la producción en chacra hasta el consumo final son muy altas, alcanzando cerca del 50% de la producción, según algunos estudios.

El Congreso de la República ha aprobado recientemente un proyecto de ley de emergencia alimentaria temporal, por el tiempo que dure la pandemia. Se espera su promulgación por el Ejecutivo próximamente. Sin embargo, esta norma es dramáticamente insuficiente, pues la crisis alimentaria en el país trasciende largamente el contexto de la pandemia. El desafío alimentario requiere políticas de Estado mucho más ambiciosas, con mayores recursos y compromiso político, y la creación de un espacio más permanente de diálogo pluralista y de asesoría, de la que formen parte representantes del Estado, de la sociedad civil y de otras entidades vinculadas a la cuestión alimentaria.

En esa perspectiva, la experiencia de otros países, en particular del Brasil y su programa Hambre Cero, debe ser estudiada. Este programa logró una relación sinérgica entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil, y vincular el apoyo de la agricultura familiar al fortalecimiento del a seguridad alimentaria del país. Ahora que los lineamientos de la segunda reforma agraria han sido aprobados y se incluye en ellos la seguridad alimentaria, es momento que el gobierno desarrolle iniciativas con esa orientación.