La agricultura familiar provee el 70% de los alimentos, según cifras del Midagri. Por ellos los miembros de la Comisión Agraria, a través de sus sesiones descentralizadas, están recorriendo el país.
En la pandemia por la Covid-19 su rol es crucial en la producción de alimentos orientada a enfrentar el hambre. Es la base de la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta agricultura está abandonada por parte del Estado.
En el marco de la campaña ¡Apoyar las iniciativas populares contra el hambre! presentamos la entrevista a Leslie Vivian Olivos Martínez, presidenta de la Comisión Agraria del Congreso.
- ¿Qué información recibió sobre las condiciones de los agricultores para seguir produciendo alimentos con normalidad?
- Unos de los principales compromisos que he establecido con los productores agrarios al asumir la presidencia de la Comisión Agraria es contribuir al acercamiento del Legislativo con las regiones, con la finalidad de recoger de primera fuente la crítica situación y abandono que se vive en el campo. Es así como hemos visto con mucha preocupación cómo los productores, luego de estar descapitalizados con una campaña 2020 – 2021 muy complicada por la pandemia, ahora se enfrentan a costos de producción exorbitantes, con costos de fertilizantes que se triplican, descapitalizados y endeudados al extremo, con muchas dificultades para ser nuevamente sujetos de crédito, sin asistencia técnica especializada ni tecnología para tener una producción óptima y sostenible. Creo que es una situación agudizada por una total inacción del Ejecutivo, el cual se ha concentrado en hacer anuncios rimbombantes de una reforma, generando mucha expectativa, pero poco o nada de acciones concretas. Hemos llamado la atención constante del MIDAGRI para que preste atención inmediata a los productores, con miras a evitar una situación de inseguridad alimentaria que cada vez es más latente para nuestro país en el 2022.
- Para enfrentar el hambre, que se agudizó por la pandemia, ¿debería impulsarse la producción y por consiguiente apoyar a los productores familiares?
- La seguridad alimentaria tiene 4 pilares muy importantes. Uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de los alimentos, en donde los productores agrarios tienen un rol protagónico ya que si no siembran sus cultivos o mantienen sus crianzas exponemos a la población a un desabastecimiento que provocaría incremento de precios inmediato en los mercados. Claro está que en la actualidad tenemos un incremento sostenido en los precios de los alimentos producido por la constante inestabilidad política que enfrentamos día a día en nuestro país. Pero sumémosle a esta situación, que ya es insostenible para la población, el probable desabastecimiento que se podría generar si no se apoya con decisión la continuidad de la atención de los productores. Por ello, consideramos que se requiere más acción y menos palabras desde el Ejecutivo, estableciendo mecanismos de apoyo que contribuyan a la unión del agro y no a la división entre organizaciones. El tiempo pasa y se necesita atención ahora.
- En relación con la Ley que declara la emergencia alimentaria que aprobaron en el Pleno hace un mes y que el Gobierno publicó, ¿cuál es el objetivo de la norma?
- El jueves 25 de noviembre, luego de más de un mes que se aprobó la norma en el Pleno descentralizado de Cajamarca, el Presidente promulgó la ley que declara de interés nacional la emergencia alimentaria y la campaña agrícola 2021–2022, lo cual nos parece correcto y necesario. Sin embargo, recordemos que esta norma busca llamar la atención del Ejecutivo para que priorice la atención de ambos temas que brindan sostenibilidad a la alimentación. Lo que se requiere, entonces, es que desde los ministerios responsables y competentes se vean actividades claras y concretas que contribuyan a este fin. Estaremos atentos a las medidas que se aplicarán.
- ¿Cómo podrían participar los agricultores familiares para ser proveedores del Estado, a través de las compras públicas? No están organizados y los trámites son muy complejos.
El Congreso de la República aprobó hace un año exactamente, en el mes de noviembre del 2020, la ley N° 31071, Ley de Compras Estatales de Alimentos de Origen en la Agricultura Familiar, en donde se establece todo un esquema especial para facilitar la participación de los productores agrarios como proveedores de los programas sociales y asistenciales que tiene el Estado. Su objetivo es justamente que de una vez por todas estas barreras de entrada que tienen los productores agrarios puedan ser abordadas y atendidas por el Estado para que tengan nuevos mercados donde colocar sus productos.
Hemos visto que el Ejecutivo reglamentó esta norma durante el primer semestre del presente año. Sin embargo, con mucha preocupación debo mencionar que el avance es casi nulo, el padrón de productores agrarios que es la principal herramienta para identificar a los productores de la agricultura familiar todavía no está implementado, y eso es alarmante, ya que sin esa identificación ningún programa podrá acceder a comprar los productos agrarios. Hemos tenido reuniones con el MIDAGRI y el MIDIS para llamar a reflexión y acción inmediata a fin de atender estos problemas administrativos que pueden afectar la continuidad de un mecanismo necesario para los productores agrarios y la población vulnerable, recibiendo de ambos ministerios los compromisos de que en el 2022 veremos las primeras compras de alimentos. Esperamos que esto sea cierto, si no, haremos el control político respectivo que permita dar solución a los problemas.
- ¿Qué se debería hacer para que los agricultores lleven su producción a las ollas? Como sabemos, la población vulnerable que sufre de malnutrición es usuaria de estas ollas comunes.
El mismo mecanismo creado a través de la Ley 31071 que impulsó el Congreso, se pone en estas situaciones, en donde se requiere que sea la misma localidad la que establezca los requerimientos de alimentos que necesitan, alineada a la oferta agraria local. Para ello se pensó en los comités de compra, denominados COMPRAGRO, los cuales buscan reunir a los responsables de los programas alimentarios y a los productores para discutir sobre la programación de alimentos que se pueden concretar anualmente. Acá también debo exhortar al Ejecutivo a tener mayor celeridad en la implementación de las leyes, ya que hasta el momento no tenemos ni un comité de compra implementado, y eso sí es preocupante, debido a que en estos espacios se congrega la oferta y la demanda de alimentos. Si no tenemos comités, no se podrá planificar las compras.
Ojalá que con las normas que se están aprobando, vinculadas a la emergencia alimentaria, se pueda priorizar desde el Ejecutivo la implementación de estos puntos, muy necesarios para la adquisición de los alimentos para los más vulnerables.
- Hay voces que señalan que la Ley de Emergencia Alimentaria es declarativa y una medida temporal. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de promover la formación de un Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional?
- La ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria es un llamado de atención al Ejecutivo para que priorice en la agenda pública este tema que requiere atención por parte del Estado. En esa línea, debe decantar en una política pública que le dé continuidad a las medidas que se pueden proponer, tanto para dar sostenibilidad a la producción agraria como al acceso de estos alimentos a las poblaciones más vulnerables. Por ello la ley encarga a la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional el seguimiento de las acciones que se vayan a desarrollar, y es que la mirada debe ser el fortalecer los espacios de coordinación existentes y no crear otros, que al final generen más burocracia y horas-hombre perdidas.
