El diagnóstico del Índice Global del Hambre (IGH, por sus siglas en inglés) para el Perú en el 2020 ha sido desfavorable. Revela que hay un retroceso de más de 6 años respecto al IGH identificado hace algunos años.
Al respecto conversamos con César Sotomayor Calderón, exviceministro de Políticas Agrarias del Midagri, coordinador del Proyecto GEF Agrobiodiversidad, economista con más de 30 años de experiencia en desarrollo rural, gestión de proyectos y programas de desarrollo.
- ¿Cuál es su opinión sobre la crítica situación del hambre en nuestro país?
- Indudablemente el hambre aumentó y con mayor profundidad en las zonas rurales altoandinas. Pero lo que llamó la atención es que, en zonas con mayores oportunidades, por estar vinculadas al sector agroexportador, superó los índices de hambre frente a las zonas de la sierra. Eso muestra la fragilidad de nuestro propio modelo de desarrollo, que vive pendiente de actividades económicas que con crisis como las que pasaron con la pandemia simplemente provocan desempleos casi masivos y, por tanto, disminución de ingresos. Al contrario de la agricultura familiar que ha demostrado mayor resiliencia ante este tipo de crisis. Por ejemplo, con el proyecto GEF-Agrobiodiversidad apoyamos a las comunidades de Apurímac, Cusco, Huancavelica y Puno con la práctica tradicional de solidaridad que se llama remesas, en quechua, “Apachicuy”, en movilizar 600 toneladas de alimentos a las ciudades de Lima, Ica, Arequipa y Pisco, a los parientes migrantes que se quedaron sin empleo. Entonces, lo que el proyecto ha hecho es evidenciar que existen esas redes de solidaridad, que el sector rural con menos recursos es el que acudió en apoyo a la seguridad alimentaria de las zonas urbanas, dando sentido a esta afirmación que el 70% del consumo de alimentos frescos en las ciudades proviene de esa pequeña agricultura familiar.
- El gobierno presentó los lineamientos de la segunda reforma agraria. Como exviceministro del Midagri ¿qué mecanismos existentes deberían continuar profundizándose en esta SRA?
- Hace algunos años, estando en el Midagri, presidí la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar, donde participan Estado, sociedad civil, cooperación internacional y gremios agrarios. Creo que esta Comisión debe ser el sombrero para la segunda reforma agraria por operativizar en el campo y que constituye una importante e histórica decisión política. Profundizar el Plan Nacional de Agricultura Familiar 2019 – 2021, pero bajo un enfoque multisectorial, territorial, que incorpore el compromiso de todos los sectores, porque el tema no solamente es agrícola, agropecuario. Podemos hacer muchos esfuerzos de otros sectores como el Minam, donde estamos trabajando la propuesta del retorno de las semillas “Muhu kutichiy”, que se recuperen las variedades, las razas de semillas de maíz, de papa y quinua. Entonces, está demostrando que las comisiones que nacieron hace años lograron trascender gobiernos, ministros, viceministros, asesores, directores generales, etc. Esta Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar está ahí, para generar políticas que fomenten la agricultura familiar.
- Frente a la compleja situación de la seguridad alimentara en el país ¿podría crearse un grupo o comisión para enfrentar el desafío alimentario?
- Tenemos que evitar copiar vicios que a veces vienen desde el Estado, de crear comisiones y comisiones, y dispersar energías y esfuerzos. La Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar ya es un esfuerzo, que reitero, ha demostrado trascender diferentes gobiernos; hay que apostar por su consolidación, obviamente sacando un capítulo, una subcomisión de seguridad alimentaria; ahí están los expertos. Debemos de tener la capacidad de capitalizar cada avance y no seguir dándole vueltas a los temas. También es importante actualizar la política nacional de seguridad alimentaria. Nuestro Proyecto GEF Agrobiodiversidad, como parte del Minam y del Midagri, está apoyado a diseñar la actualización de esta política nacional de seguridad alimentaria.
- En la coyuntura de la pandemia destacó el rol de la agricultura familiar, ¿también su capacidad de resiliencia frente al cambio climático?
- El cambio climático se viene dando hace muchísimos años. Que se está acentuando y ahora sea un problema público es otra cosa. Las comunidades altoandinas, que han estado sujetas siempre a la variabilidad climática, ancestral y milenariamente nos dan un ejemplo de resiliencia, de prevenir riesgos, de asumir riesgos, de levantarse de las catástrofes naturales. Está agricultura es conservacionista de la agrobiodiversidad y por ello no podemos seguir proponiendo cadenas productivas o cadenas de valor en base a dos, tres o cuatro productos en el mundo altoandino, en la producción agrícola altoandina, cuando el capital, la fortaleza, la resiliencia, está más bien en esta diversificación de cultivos, diversificación de pisos, de pequeñas chacras en diferentes ubicaciones, de tal suerte que viviendo un fenómeno atmosférico, una granizada no ataca a todas las parcelas. A veces hacemos mal cuando vamos a una zona y decimos serían más eficientes si solamente producen papa amarilla; ahí es donde estamos promoviendo y empujando a la pequeña agricultura a riesgos que luego no van a poder controlar. Muchas veces, desde el mundo occidental, decimos que esta es una economía ineficiente y si pensamos mejor, es mucho más eficiente.
- Se habla mucho de la minería responsable, pero qué pasa con la minería ilegal, ¿qué casos conoce donde la minería ilegal está invadiendo el territorio de las comunidades campesinas?
Tenemos que comenzar a mirar con mucha atención este fenómeno de la minería ilegal, muchas veces denominada informal, pero que es una minería ilegal. Camino a mi reunión con las autoridades de los distritos de Huayana, Tumay Huaraca y Chiara, en la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, pasé por una zona altoandina, donde había muchos comuneros. Me paré y pregunté qué pasaba, no me quisieron dar razón, pero ya en el mismo distrito de Tumay Huaraca el alcalde me explicó que hay problemas de invasiones de terrenos que son ricos en cobre y que se está fomentando la minería ilegal, quitando territorio a la propia población y que el alcalde no tiene ninguna fuerza para defender a la población. En Huayana no fue posible hacer esto porque la propia población rechazó esta propuesta de minería ilegal y tampoco tiene mucha riqueza en el subsuelo a comparación de Tumay Huaraca. En el distrito de Chiara es evidente la presencia de la minería ilegal, hay jóvenes en potentes motocicletas, que están trabajando en la minería ilegal. Eso me llamó la atención, y hay que comenzar a mirarlo.
En Cuyo Cuyo, provincia de Sandia, en Puno, una zona de agrobiodiversidad que con mucho esfuerzo INIA, con el apoyo de una ONG de cooperación internacional, y por decisión política del Midagri, se estableció como la primera zona de agrobiodiversidad en el Perú, también ahora se encuentra actividades de minería ilegal. Y no es para extrañarse que, en las alturas del valle de Supe, encima de la ciudad más antigua de América Latina, Caral, en la parte alta de la cuenca también hay minería; no sé si es informal o ilegal, pero es minería que efectivamente va a comenzar a dañar esa cuenca, si es que no lo está haciendo ya.
