Durante el 2020, los efectos de la pandemia en nuestro país se desplegaron casi en todas las áreas del desarrollo y bienestar humano. En el ámbito alimentario, los efectos también fueron muy duros. Evidentemente, los impactos directos sobre el nivel de empleo e ingresos han repercutido en ‘el acceso’ a los alimentos por parte de la población, el cual es un componente fundamental de la seguridad alimentaria.

Lo que ahora parece causar preocupación es que no solo la dimensión de acceso podría estar en riesgo, sino también la de ‘disponibilidad’. Por un lado, el impacto de la pandemia ha conducido a la depresión de los ingresos rurales y de las familias productoras durante el año pasado, debido a que éstas no solo se dedican a actividades agropecuarias sino también recurren a empleos temporales fuera de sus parcelas. Las medidas restrictivas adoptadas para frenar la expansión del coronavirus repercutieron en la dinámica laboral conduciendo a la reducción de varias fuentes de ingresos rurales. El resultado final es que buena parte del agro ha entrado en un proceso de descapitalización, factor de riesgo para la producción y, por tanto, para la disponibilidad de alimentos en el país.

Por otro lado, el contexto internacional ha traído consigo un panorama adverso, pues uno de los principales commodities (el petróleo y sus derivados) se ha encarecido significativamente. El contexto internacional, además de las presiones inflacionarias internas producto de la crisis política local, viene teniendo un impacto negativo en la capacidad adquisitiva de la población, por tanto en la dimensión de acceso a los alimentos. En el caso de la disponibilidad, a la pérdida de capitalización mencionada se suma la elevación de los costos productivos, como resultado del encarecimiento de la urea (ver gráfico 1) y otros insumos químicos que son de uso crucial en la producción agrícola nacional (fosfatos, sulfatos, nitratos). Este panorama viene generando preocupaciones en diversos gremios, organizaciones y en la sociedad civil, debido a las repercusiones esperadas sobre la campaña agrícola vigente.

Para tener una idea de estas potenciales repercusiones hemos analizado dos cultivos de importancia nacional: arroz y papa. Para ello, hemos recurrido a la Encuesta de Intenciones de Siembras (ENIS) correspondiente a la campaña 2021-2022 y la comparamos con el histórico de siembras de los últimos 5 años. Este histórico nos permite conformar una banda o rango de superficie sembrada tomando en cuenta los valores mínimos y máximos alcanzados. Finalmente, comparamos esta banda con los resultados de la ENIS 2021-2022 para cada cultivo (ver gráficos 2 y 3).

En el caso del arroz, las intenciones de siembra para la presente campaña nos muestran que a partir de febrero del próximo año habrá un repliegue de las tierras destinadas a este cultivo. En los meses de febrero, marzo, mayo y julio las siembras esperadas estarán por debajo de los mínimos históricos de los últimos 5 años. En términos de superficie, estos repliegues (en los 4 meses mencionados) se traducirán en una reducción de 36 mil hectáreas con respecto al promedio histórico quinquenal.

En el caso de la papa, las proyecciones de siembra parecen tener signos más optimistas que el caso del arroz. Las intenciones de siembra de papa para la campaña vigente se sitúan bastante por encima del mínimo histórico en casi todos los meses que conforman la campaña. Solo en los meses de diciembre y enero las siembras esperadas caen por debajo del mínimo histórico. Si consideramos la notable estacionalidad de este cultivo concentrada entre los meses de agosto y noviembre, se esperaría que los riesgos sobre la disponibilidad futura sean más limitados.

Más allá de las intenciones de siembra de ambos cultivos analizados, quizá una cuestión más relevante tenga que ver con el proceso productivo en sí mismo. Recordemos que, además de los efectos recesivos dejados por la pandemia durante el 2020, el costo de los insumos agrícolas modernos se ha encarecido significativamente, con lo cual las presiones sobre el capital de muchos productores han aumentado. En ese sentido, más allá de las intenciones de las tierras a sembrar, lo cierto es que se están poniendo en riesgo los rendimientos, debido a que el encarecimiento de los insumos desincentiva su uso (sobre todo de los pequeños agricultores menos capitalizados) creando alteraciones en las fases productivas y pérdida de eficiencia. En consecuencia, aun cuando las intenciones de siembra se mantengan más o menos estables, los niveles de producción podrían estar en riesgo y comprometer la oferta de alimentos en los próximos meses.

Las recientes presiones gremiales al Estado para incluir las importaciones de urea (principal fertilizante agrícola) en el fondo de estabilización de combustibles aparecen como una de las salidas más cercanas ante un problema tan complejo. La actual coyuntura de precios internacionales ha demostrado la fragilidad alimentaria no solo en productos finales importados (aceites, trigo, cereales, etc.), sino también en insumos agrícolas (fertilizantes) que se van encareciendo cada vez más, poniendo en riesgo a consumidores y productores. Respuestas de mediano y largo plazo se vuelven urgentes, para lo cual no solo el Estado debe tener un rol activo, sino también la academia, el empresariado y la sociedad civil.