Dos hechos marcaron fuertemente el país en el año que termina. La pandemia de la Covid-19 fue con toda evidencia uno de ellos, dejando 114,000 fallecidos durante la segunda ola, entre diciembre y junio de este año. El avance del proceso de vacunación parece haber retrasado el inicio de la temida tercera ola, aunque es muy pronto para saber cómo esta nos golpeará, dada la comprobada precariedad de nuestro sistema de salud. Pero la pandemia, iniciada en el verano de 2020, viene afectando con dureza a los hogares peruanos, tanto en el campo como en las ciudades, generando mayor pobreza sobre todo en el sector urbano pero también en los hogares rurales, según las cifras del INEI.

El segundo hecho que marcó el año que termina es la inestabilidad política que, aunque viene desde 2016, se acentuó en estos meses. La deslucida campaña electoral para la primera vuelta, en medio de lo peor de la segunda ola de la Covid-19, terminó con un resultado inesperado, el cual agudizó aún más la fuerte polarización, alimentada con acusaciones de fraude electoral y que, lejos de cesar una vez instalado el nuevo gobierno, ha continuado, con la amenaza de declarar la vacancia del presidente Castillo, promovida abiertamente por algunos grupos políticos en el Congreso, aprovechando además los errores del propio gobierno.

Los temores por el desabastecimiento de alimentos, debido a la poca atención que los gobiernos de Vizcarra y Sagasti dieron a las urgencias de la agricultura familiar, no se concretaron en el año. Aunque no hay una explicación para ello, quizás se puede pensar que el masivo retorno de pobladores a sus provincias de origen pudo haber influido en el incremento de la oferta de alimentos. Lo que sí se sabe es que los agricultores tuvieron que echar mano a todos los recursos posibles, generando su descapitalización, algo de lo que difícilmente podrán recuperarse en el corto plazo.

En materia normativa, el segundo Pleno Agrario realizado en octubre de 2020, aprobó varias normas importantes, como la ampliación de la moratoria del ingreso de transgénicos hasta 2035, la creación del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y la Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar, entre otras. Algunas de esas leyes fueron reglamentadas durante este año, mientras otras siguen esperando su reglamentación para entrar en vigor, como es el caso de la ampliación de la moratoria del ingreso de transgénicos. Algunas otras leyes aprobadas por el Congreso anterior fueron promulgadas por este gobierno, como la Ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias y la Ley que promueve la industrialización del agro, aunque están esperando también sus reglamentos.

Sin duda, lo que ha generado mayor expectativa entre las agricultoras y agricultores ha sido la llamada segunda reforma agraria. Lo anunció ante el Congreso el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Maita, en agosto y el 3 de octubre se hizo su lanzamiento en Cusco, con la presencia del presidente Castillo. Pero transcurridos más de cuatro meses desde que se anunciara, hasta la fecha lo único que se ha concretado ha sido la aprobación de los Lineamientos de la segunda reforma agraria, mediante el Decreto Supremo N° 022-2021-MIDAGRI. Se espera que con el inicio del nuevo año se cuente finalmente con las herramientas para que los anuncios y las líneas de acción contenidas en los mencionados Lineamientos se concreten.

Uno de los varios temas contenidos en los Lineamientos de la segunda reforma agraria es el de la seguridad alimentaria, del que igualmente se requiere desarrollar los mecanismos para que se pongan en práctica sus tres líneas de acción, en particular aquella referida a la implementación de compras estatales a la pequeña agricultura para los programas sociales, comedores populares y ollas comunes, que fue objeto precisamente de la campaña impulsada por CEPES en los últimos meses. La publicación a fines de noviembre de la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la emergencia alimentaria a nivel nacional y la continuidad de la campaña agrícola 2021 2022 en el contexto de pandemia por COVID 19, es un signo que igualmente necesita desarrollarse para dejar de ser una mera declaración.

No podemos terminar este muy rápido recuento sin mencionar la gravedad del asesinato de dirigentes nativos en la región amazónica, el último de los cuales fue el de Lucio Pascual Yumanga, de la comunidad La Paz de Pucharini, la quinta muerte en solo este año. La gravedad de estos hechos, además de denuncias de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil, ha merecido incluso pronunciamientos de gobiernos extranjeros, por lo que se espera que las autoridades desplieguen mayores esfuerzos en defensa de la vida de estos peruanos.