A inicios de diciembre de 2020, en plena pandemia, los trabajadores agrícolas del valle de Ica iniciaron protestas que luego se extenderían a valles agrícolas de la costa norte. Su protesta por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo llevó a la derogatoria de la llamada Ley de Promoción Agraria, N° 27360, que había permitido el boom exportador, gracias a incentivos tributarios para las empresas agroexportadoras y sobre todo, gracias a un régimen excepcional para sus trabajadores. Para reemplazar esa ley se aprobó a los pocos días la Ley 31110.

En estos días la noticia ha sido una nueva protesta de trabajadores agrícolas en Ica. Esta vez un personaje portando un arma de fuego pretendía forzar a los trabajadores del fundo “Luzmila” a realizar trabajos para los que no habrían sido contratados y, peor aún, sin que se les pagara por ello. Este evidente abuso, claramente documentado con un video, muestra que el Estado debe asumir las obligaciones que la Ley 31110 estableció, para que los derechos de los trabajadores contenidos en esa ley no queden en letra muerta y que los empleadores los apliquen a su discreción.

Como indicamos en La Revista Agraria N° 192 (https://bit.ly/3fC5AG4), “Se asigna a SUNAFIL importantes tareas para fiscalizar las nuevas normas y, por ello, el Ejecutivo se compromete a fortalecer dicha entidad”. Como allí dijimos, citando la ley, ese fortalecimiento “se hace con cargo al presupuesto público del año fiscal correspondiente de la citada entidad pública”.

Vemos ahora, que ello no es suficiente por lo que se requiere asignar a SUNAFIL los recursos que la ley desestimó.

Diversas asociaciones de trabajadores agrarios de la agroexportación rechazaron el violento episodio del 17 de enero mientras que la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), mediante un comunicado, aclaró que el Fundo Luzmila no pertenece a sus filas.